En la actualidad no hay base legal comunitaria que permita a un Estado reconocer la protección dictada para una víctima en otro miembro de la UE, por lo que es necesario volver a pedir amparo en caso de cambiar de país.

Aunque ningún país se muestra contrario al objetivo mismo de la propuesta de directiva, algunos Estados miembros como Reino Unido o Alemania han presentado reservas por las dificultades técnicas y jurídicas que supondría la aplicación de la norma, explicaron a Efe fuentes diplomáticas.

Y es que la protección de víctimas se regula en algunos sistemas legales por la vía civil y en otros por la penal, y también existen diferencias por ejemplo en las autoridades que pueden dictarlas según cada país (jueces, policías o incluso asistentes sociales). En cambio, según las mismas fuentes, países vecinos como Portugal, Francia o Italia no han mostrado objeciones.

Según los datos remitidos por los países de la UE, en el 2008 se dictaron hasta 73.000 medidas de protección, la mayoría en casos de violencia de género.

Diferencias en la legislación

El texto presentado por España prevé que la orden europea de protección entre en vigor sólo cuando lo pida la víctima y que se ejecuten en el nuevo país medidas equivalentes a las que obtendría en el suyo, si es que la legislación es distinta y no existe una acción igual.

La directiva prevé, además, una obligación para las autoridades judiciales o policiales del país donde se han obtenido medidas de protección de informar a la víctima del amparo que la acompaña al desplazarse dentro de las fronteras de la UE.

La orden europea de protección incluirá datos de la víctima como "uso de dispositivos electrónicos de protección facilitados, datos de la autoridad que le extendió las medidas de amparo, identificación de la medida en la que se funda la orden dictada, resumen de los hechos y circunstancias que llevaron a su adopción y obligaciones o prohibiciones impuestas a su agresor", entre otros.

La autoridad competente del Estado de emisión de la orden la transmitirá a su homóloga del país donde debe ejecutarse "por cualquier medio que deje constancia escrita y en condiciones que permitan a la autoridad competente del país de destino determinar su autenticidad".

Prioridades de España

Las autoridades del país al que se desplace la víctima podrán denegar el reconocimiento de la orden europea si esta está "incompleta", "la protección se deriva de una pena o medida que haya sido objeto de amnistía conforme al Derecho del Estado donde deba ejecutarse" o "si la persona causante del peligro goza de inmunidad".

Aunque el Estado de destino respete y ejecute lo dictado en otro país, no por ello tiene jurisdicción sobre el caso, quedando todavía el conocimiento del mismo en manos del país donde se dictaron las medidas por primera vez.

A partir de aquí, los representantes de los Veintisiete deben preparar un borrador definitivo, que será después sometido a la aprobación de los ministros de Justicia e Interior de la UE y el Parlamento Europeo.

España se ha propuesto que la directiva sea aprobada durante su presidencia, hasta el 30 de junio, ya que extender la protección a las víctimas de la violencia de género a toda la UE es una de las prioridades que ha establecido para su mandato.