Con España, al fondo
La gota que desbordará el deterioro de la vida política y democrática (o más bien partitocrática) española será, con toda probabilidad, la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán. De hecho, el nuevo sistema para la financiación autonómica pactado entre Zapatero y los independentistas de ERC es un adelanto a cuenta de la que se espera, como una ambigua y por lo tanto inconstitucional, sentencia de la alta Corte, que la preside desde su propia "ilegalidad" la magistrada María Emilia Casas.
La magistrada que se auto confirmó en la presidencia del Tribunal, a pesar de haber concluido su mandato y en contra de la propia normativa de este tribunal, y que por sus vacilaciones luego fue reñida en público -durante el desfile de las fuerzas armadas- por la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ofreciendo el lamentable espectáculo de la sumisión del poder Judicial al Ejecutivo, sin el menor pudor, y con igual naturalidad que el poder Legislativo obedece al Gobierno, al tiempo que controla al Judicial.
De ahí que cabe esperar lo peor de la sentencia constitucional sobre este estatuto catalán de corte confederal, que acosa el idioma castellano y que va camino del independentismo catalán con el que Zapatero ha blindado su permanencia en el poder en los tres años que aún le quedan de legislatura. A la vez que recupera su viejo proyecto confederal frente al modelo del Estado unitario que fija la propia Carta Magna. Convencido el presidente de que la nación española "es discutida y discutible", como dijo una vez, mientras consideraba indiscutible la nación catalana y la situaba al mismo nivel que el Estado, que es lo que ahora está ocurriendo sobre la base de un rosario de hechos consumados.
El colmo de la manipulación, y de la reforma encubierta de la Constitución que Zapatero ha ido urdiendo bajo el paraguas de reformas autonómicas, sería la publicación de la sentencia sobre el estatuto catalán en vísperas de las vacaciones del verano. La misma "nocturnidad" utilizada para aprobar el nuevo sistema de financiación autonómica que se somete a la aprobación de las distintas Comunidades sin que muchas de ellas -salvo las gobernadas por el PSOE- conozcan el alcance y las discriminaciones que incluye.
Es verdad, y en ello tiene parte de razón Zapatero, que este portón de los sustos a la cohesión nacional lo abrió en el año 1996 José María Aznar para conseguir su investidura como jefe del gobierno, a base de entregar en el "pacto del Majestic", a las autonomías un gran bocado fiscal, y a Cataluña, especialmente, además de su ley de normalización lingüística en contra del idioma castellano, e incluir en el paquete de su "entronización" monclovita el "borrón y cuenta nueva" para el felipismo saliente del crimen de Estado y la corrupción -incluida, la del pujolismo-, así como otros infames regalos como la liquidación del periodismo independiente (operación que apoyaron los notorios activistas mediáticos del aznarismo), y de los jueces y fiscales que habían denunciado los escándalos a granel de los últimos gobiernos de Felipe González. Como guinda de la pestilente tarta: la cabeza cortada en el PP catalán de Alejo Vidal Cuadras.
Pero que todo esto comenzara así, como ocurrió a la mayor gloria de Aznar y del PP, no le quita un ápice de responsabilidad a Zapatero por elevar el que era un listón peligroso para la unidad y la cohesión nacional al límite del modelo confederal en el que ya estamos inmersos, mientras el Estado se empequeñece en beneficio de los reyezuelos autonómicos, nacionalistas o no nacionalistas. Y todo, con el caso de Aznar, solamente para salvar la permanencia en el poder del presidente Zapatero -víctima de sus errores en la crisis económica- y porque la ley electoral, y en su conjunto las pésimas reglas del sistema político español, le dan a las minorías nacionalistas y las otras autonómicas un poder de chantaje al gobierno nacional, y al Estado, muy superior a su justa representación política y social, lo que constituye un disparate mayúsculo que tiene consecuencias de gran envergadura para el presente y futuro de España.
Aznar entreabrió la puerta de todo ante Pujol y Zapatero la abrió de par en par ante Puigcercós. Y todo ello ante el absentismo actual de la oposición del PP, con la connivencia de presuntos independientes magistrados y con el silencio o complicidad de grandes editores y medios de comunicación, ese idílico cuarto poder que, sentado a la mesa de los repartos, brilla por su ausencia y su complacencia con la situación.