Jueces y fiscales 'plantan cara' al Gobierno con un parón en toda España
Cinco asociaciones de jueces y fiscales han convocado un paro de diez minutos este miércoles 11 de junio a mediodía como gesto de protesta frente a los cambios legales que, consideran, amenazan la neutralidad del sistema judicial. La convocatoria ha tenido lugar a las 12:00 horas ante las sedes judiciales de todo el país.
La iniciativa ha sido impulsada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Estas organizaciones han criticado duramente los proyectos de reforma de la Ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria.
Los convocantes han insistido además en desmarcarse de cualquier intento de politización o uso partidista de esta protesta, cuyo único objetivo es defender los principios básicos del estado de derecho.
Uno de los espacios más concurridos han sido las puertas de los juzgados de Plaza Castilla, donde cientos de personas han protestado al grito de: "Independencia judicial"
Según denuncian, las modificaciones planteadas ponen en entredicho la independencia de jueces y fiscales, además de abrir la puerta a una mayor politización de ambas carreras. Por ello, exigen la retirada inmediata de ambas iniciativas legislativas.
Medidas que denuncian
La primera de estas medidas impulsadas por el Ministerio de Justicia, es la ley para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, modificando el acceso, algo que, aseguran, está en contra de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
La segunda, es la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es parte de una reforma aún mayor como es la la ley de Enjuiciamiento criminal, es decir, la norma que regula cómo se investigan, procesan y juzgan los delitos en España.
También están en contra de la creación de un centro de preparación de oposiciones "dependiente directamente del Gobierno", ya que hay riesgo de selección ideológica de futuros jueces y fiscales.
La protesta se produce en un contexto especialmente sensible, apenas dos días después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya sido imputado por supuesta revelación de secretos vinculada a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y un día después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo expresara su malestar con los cambios legales promovidos por el Ejecutivo.
Las asociaciones convocantes insisten en que las reformas no solo son innecesarias, sino también perjudiciales para el correcto funcionamiento del Estado de derecho.
Diversos sindicatos y asociaciones de otros sectores como el Sindicato Unificado de Policía o la Asociación Unificada de Guardias Civiles han decidido sumarse a este paro, asegurando que: "Cualquier intento de debilitar la separación de poderes pone en riesgo la seguridad jurídica y, en consecuencia, la labor de los profesionales que trabajamos diariamente para garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía".
