El Gobierno renueva el sistema de señales de tráfico
A partir del 1 de julio de este año, España contará con un sistema de señalización vial renovado. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la actualización del Reglamento General de Circulación, en concreto el catálogo oficial de señales de tráfico, vigente desde 2003.
Esta reforma busca adaptar la señalización a los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad ocurridos en las últimas dos décadas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la comprensión del entorno y la coherencia en todo el territorio nacional.
La nueva norma, elaborada con la colaboración de los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible, de Industria y Turismo, y de Defensa, consolida un catálogo único y unificado que recoge la forma, símbolos y nomenclatura de todas las señales verticales, marcas viales, semáforos y elementos de señalización circunstancial.
Además, responde al reto de simplificar la información que reciben conductores y peatones, apostando por un lenguaje visual más directo, claro e inclusivo, en línea con los principios recogidos en la Convención de Viena sobre señalización vial.
¿Qué cambios se pueden encontrar?
Entre los principales cambios destacan la incorporación de señales específicas para regular nuevos modos de transporte, como los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, así como la modernización de pictogramas relacionados con bicicletas, ferrocarriles y zonas peatonales.
Se eliminan además señales en desuso y se rediseñan otras para mejorar su visibilidad y comprensión. También se ha prestado especial atención a la sostenibilidad, ajustando los tamaños y materiales para facilitar una fabricación más eficiente.
La implantación física de las nuevas señales se realizará de forma progresiva a partir de la fecha de entrada en vigor. Mientras tanto, las señales actualizadas no se incluirán inmediatamente en los exámenes teóricos de conducir, permitiendo así la adaptación gradual de los manuales de formación.
La normativa prevé que los ministerios del Interior y de Transportes puedan actualizar el catálogo mediante orden ministerial conjunta, lo que garantiza una adaptación ágil y continua del sistema a los cambios que puedan surgir en el futuro.
