En una operación que movilizó una cantidad significativa de recursos, la Guardia Civil de Cádiz ha arrestado a un ciudadano jerezano de 32 años por presuntamente simular un delito de violencia de género. El hombre, al parecer, llamó al teléfono de atención 016 y se hizo pasar por una «mujer marroquí madre de seis hijos y embarazada», quien afirmó estar siendo víctima de abusos físicos y sexuales, siendo además obligada a ejercer la prostitución.
La llamada de alerta se registró en la tarde del 19 de octubre. La supuesta víctima indicó que estaba siendo retenida por su marido en una vivienda rural en El Bosque, pero no proporcionó detalles exactos de la ubicación. Dada la urgencia de la situación, la Guardia Civil activó inmediatamente un dispositivo de búsqueda que incluyó a fuerzas uniformadas, investigadoras y tecnológicas. La magnitud de la operación se refleja en las palabras de un oficial: “La necesidad de proteger a las víctimas es primordial, y actuamos con rapidez cuando se nos informa de posibles delitos de este tipo”.
A medida que avanzaba la investigación, se establecieron colaboraciones con diversas entidades, incluidos servicios sociales de diferentes municipios, centros de salud y otras instituciones. Se buscaba cualquier pista que pudiera ayudar a identificar o localizar a la presunta víctima.
Sin embargo, el giro inesperado vino cuando, tras interactuar con la Fundación ANAR, se pudo rastrear la dirección IP desde la cual se realizó la llamada. Esta pista condujo al equipo investigador a Jerez de la Frontera. Las contradicciones sutiles en las declaraciones de la «víctima» y la identificación de la línea telefónica suscitaron sospechas, lo que llevó a los agentes a considerar la posibilidad de que se tratara de una simulación de delito.
El domicilio rastreado pertenecía a un matrimonio de edad avanzada y su hijo de 32 años. Tras recabar evidencias y realizar interrogatorios, se identificó al hijo como el presunto autor de la llamada fraudulenta. En la madrugada del 20 de octubre, FJLR, el hombre de 32 años, fue detenido y llevado a dependencias policiales. Posteriormente, se presentó ante la justicia, que determinó su «libertad con cargos» mientras se espera el juicio.
Es esencial señalar la seriedad de este tipo de acciones. Lo que para algunos puede parecer una simple «broma» implica un gasto significativo de recursos y tiempo que podrían destinarse a proteger efectivamente a los ciudadanos. Es probable que, tras el proceso penal, se le exija al individuo compensar económicamente al Estado por los recursos empleados debido a su acto irresponsable.
Desmienten el supuesto ataque de un árabe en el Metro de Madrid