Sastrería

Los periodistas que ya tenemos recorrido profesional nos ocurre como a los médicos experimentados: que disponemos de ojo clínico. El mío -un cuarto de siglo en esta profesión lo ha ido modulando- me dice que Francisco Camps paga los trajes de su peculio. Me dicen también la pituitaria y el conocimiento del personaje que el presidente de la Generalidad de Valencia es un hombre honrado que en su momento se enfrentó a otros que no lo eran y que maneja pesadas herencias porque para él su partido es algo más que una organización de militancia política. El pazguato de Güemes y algún ex ministro y predecesor de Camps se imaginarán a qué me refiero.

Es obvio que tengo por Camps una alta consideración que no estoy dispuesto a deponer por la acusación improbable de una persona nada escrupulosa en su conducta personal, la tal Isabel Jordán. A Camps le ha podido ocurrir como a otros políticos: que su ingenuidad o su buena voluntad o su exceso de confianza le lleven a un comportamiento incorrecto por omisión. Y eso le va a dar algún disgusto importante. Pero Camps no es de los que se meten dinero ajeno en el bolsillo ni se dejan regalar los trajes. Alguien le está introduciendo al presidente valenciano la daga florentina en la tercera intercostal al precio de 30.000 euros. Destruir a Camps ha sido un oscuro objeto de deseo de algunos miserables del PP sobre los que el regidor levantino ha sabido sobrevolar con elegancia.

Aquí el gran fallo ha estado en la Comunidad de Madrid y en el comportamiento de Esperanza Aguirre. No lo afirmo por animosidad, sino descriptivamente. Han caído cuatro piezas de su ajedrez y caerán más. Y lo grave está por venir. La trama de Correa es la de un vividor desaprensivo. Pero siendo grave, lo es más la que camufla la historia inacabada de los espionajes que Aguirre no investiga porque sabe que la bomba de relojería que encierra es de racimo e impactará en la Vicepresidencia de su Gobierno y en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Y como lo sabe, la lideresa no ha actuado ni como lo ha hecho Camps, al que le ha faltado tiempo para asumir un compromiso personal de honradez aunque debió meditar más el parlamento mañanero para no introducirse en el pelotón de alcaldes y concejales presumiblemente corruptos -él no lo es-, ni como Ruiz-Gallardón, que se ha ido derechito al juzgado para denunciar una posible falsedad en su Ayuntamiento y abierto el correspondiente expediente administrativo de investigación.

Todo esto no obsta a que las filtraciones de Garzón suenen a campaña orquestada y dosificada, ni a que el ministro de Justicia resulte ser un tipo excéntrico que abusa de su posición para disfrutar de sus aficiones cinegéticas y para perpetrar imprudencias con total impunidad. Rodríguez Zapatero ya le tenía que haber destituido y Carlos Dívar, presidente del CGPJ, haber intervenido en el agujerado procedimiento del magistrado de la Audiencia Nacional. Todo esto, por desgracia, continuará. Quedan episodios esclarecedores pero dolorosos.