Rajoy, contra las cuerdas, saca la porra de la represión

Ya han pasado dos años de Gobierno. El resultado es muy negativo, por mucho que la maquinaria de marketing del Gobierno pretenda que una recuperación económica, que todavía no se nota ni en la calle ni en el consumo ni en el empleo, es el paradigma de un nuevo horizonte político.

Las encuestas son tozudas. El PP pierde por la derecha y no gana por el centro. El resultado es la deconstrucción del sistema de partidos, en el que ninguno de los dos grandes podrá tener una mayoría estable para gobernar. Y, sin embargo, el PP sigue manejando la soberbia de la actual mayoría absoluta para imponer reformas, que son siempre recortes, y leyes esenciales que aprueba en la inmensa soledad acompañada de su mayoría absoluta.

Como la prensa amiga es más papista que el Papa, la aplicación de la doctrina Parot, cuyos efectos son jaleados con entusiasmo por esos medios afines, hace estragos en un universo de intransigencia que siempre alimentó el PP.

El PP, desde la llegada de José María Aznar a Génova, utilizó la lucha antiterrorista como munición contra los sucesivos gobiernos socialistas. Y su eclecticismo le permitió sucesivamente utilizar la guerra sucia -que habían practicado los gobiernos de la UCD con mayor intensidad que el de Felipe González- y la supuesta tolerancia, comprensión o negociación que realizó José Luis Rodríguez Zapatero. La pedagógica política utilitarista permitió al PP ser implacable en los excesos contra ETA y denunciar, después, la complacencia con el terrorismo. Una obra maestra del marketing político en el que valía una cosa y la contraria.

La utilización del legítimo dolor de la víctimas alimentó manifestaciones de estas contra el Gobierno de Zapatero, al que el PP negó cualquier apoyo en un procedimiento que, con todos los errores que se cometieron, finalmente consiguió acabar con la violencia terrorista.

Ahora, la aplicación obligada de la sentencia del tribunal de Estrasburgo coloca al Gobierno frente a la indignación que tanto alimentó cuando el PP era oposición.

Aplicar la ley, sobre todo cuando favorece a sujetos deleznables, es demostrar la diferencia entre los demócratas, quienes creen en el estado de Derecho, y los delincuentes

La cadencia televisada en directo de asesinos múltiples, violadores y delincuentes de alto grado de alarma social saliendo de la cárcel, coloca al Gobierno frente a una parte de su electorado natural y no es capaz de utilizar una pedagogía que remita eficazmente a las grandezas y servidumbres del Estado de Derecho. Aplicar la ley, sobre todo cuando favorece a sujetos deleznables, es demostrar la diferencia entre los demócratas, quienes creen en el estado de Derecho, y los delincuentes. Y esa grandeza, tan dolorosa para las víctimas, necesita una explicación detallada para que la ciudadanía la interiorice.

El contencioso catalán se ha hinchado  con los  vientos de errores pasados y, también, con la ayuda de la pasividad de Mariano Rajoy. Si a todo esto le añadimos la que nos espera con el juicio de Luis Bárcenas, el futuro inmediato hace muy difícil pensar en una recuperación electoral del PP.

La única ventaja objetiva de este Gobierno es la crisis latente y sempiterna del PSOE. En espera de comprobar si el oxigeno suministrado por el auge de Susana Díaz rehabilita al enfermo, la síntesis de los dos declives, del PSOE y del PP, es el auge de movimientos que antes no tenían relevancia política para influir en los gobierno y ahora pueden se la llave que abra el Gobierno a la derecha o a la izquierda.

El elitismo de la nueva ley de educación va a ampliar la brecha entre quienes tienen recursos propios y no los tienen

Ante este panorama de incertidumbre y de crisis, Mariano Rajoy ha elegido sacar la porra antidisturbios. La nueva ley de seguridad ciudadana, ya puesta en la picota por la Unión Europea, significa la primacía de la represión frente a la amortiguación de los efectos de la crisis. Se remite a la vía administrativa graves sanciones económicas para quienes protesten fuera del estrecho margen que se va a permitir. El elitismo de la nueva ley de educación va a ampliar la brecha entre quienes tienen recursos propios y no los tienen. Los contratos con empresas privadas para la ejecución de servicios públicos convierten en quinieneuristas a quienes ganaban escasamente mil euros. Y la guinda es la nueva ley del aborto auspiciada por los sectores más dependientes de la Iglesia del actual Gobierno. Un retroceso en la pugna por la igualdad de la mujer que penaliza el aborto al mismo tiempo que la crisis aumenta la debilidad de las mujeres que quedan embarazadas.

Sociológicamente es dudoso que esta generalización del uso de la porra consiga nivelar el voto del PP. Porque la mixtificación del imaginario popular entre la salida de los violadores y de los asesinos de la calle con la mano dura para los ciudadanos comunes no da la cuenta en la difícil ecuación que se le plantea al Gobierno.

Frente a una formidable crisis de confianza de la ciudadanía con las instituciones, la mano dura es un bálsamo reversible que en vez de cicatrizar heridas sociales puede inocularle nuevas bacterias.

Ahora está por ver la capacidad que tiene el PSOE para convertir en iniciativas políticas sus buenos deseos. Si "el PSOE  ha vuelto" deberá sentirse  su presencia en las instituciones y en la calle. Y esa es, a mi modo de ver, la única incógnita verdadera de la actual situación política.