Los imputados y el Rey

El juez José Castro en un auto de 541 páginas pone contra las cuerdas a Iñaki Urdangarín, Duque de Palma, esposo de la infanta Cristina, hija del Rey. La monarquía está, de esta forma, afectada muy directamente en este caso. Ahora también conocemos que el secretario personal de las infantas ha sido imputado.

Todo es extraordinariamente desagradable y obliga a que la institución que ostenta la Jefatura del Estado actúe de inmediato para establecer una línea divisoria entre los responsables de los acontecimientos que se investigan y que pronto serán juzgados, y las personas sobre las que descansa el orden sucesorio en la Corona y por tanto en la máxima responsabilidad del estado.

Necesitamos una institución que inspire confianza frente a la insoportable cotidianidad de nuestros políticos

No es una broma, ni un asunto menor que se pueda despachar con naturalidad. No hay espacio para la inacción o el desentendimiento. Los españoles juzgan estos días muy severamente el comportamiento de los políticos que se sumergen en el inframundo de la corrupción, debilitándose la confianza ciudadana en el sistema.

Si la monarquía se presenta – sobre todo después del lamentable escándalo del Rey en África y la penosa imagen en las relaciones de los Reyes – como otra más de las muchas instituciones afectadas sin control por la lacra de la corrupción, la posición que hoy ostenta frente a otras formas de estado perderá la legitimidad social que la respalda. Y entonces el debate sobre la reforma de la constitución deberá atender asuntos de mayor calado.

Necesitamos una institución monárquica fuerte en este momento de división que se plantea en Cataluña y necesitamos una institución que inspire confianza frente a la desagradable e insoportable cotidianidad de nuestros políticos. La marca España, si es que eso existe, necesita que el Rey y el Príncipe materialicen la ruptura con los imputados, aclaren la naturaleza de las relaciones de sus allegados con los imputados y se distancien recuperando la imagen de solidez que los españoles esperan de ellos para mantenerlos constitucionalmente en lo alto de la pirámide del estado.