El caso Falciani

La regularización del dinero que no paga impuestos debe ser controlada y vigilada por las autoridades competentes. No es lícito que todo termine siendo un asunto que se resuelva por vías que lindan entre lo ilegal y lo jurídicamente doloso.

Por el contrario, el gobierno español ha empleado medidas de regularización fiscal que si bien, y tal y como se preveía, no han dado hasta ahora grandes resultados si es cierto que son, en cualquier caso, la vía legítima de los estados para intentar recaudar allí donde no estaba previsto.

El caso Falciani es de otra índole, tiene que ver con un asunto de negocios sucios: chantajes y otras extorsiones propias de hampones que al no dar sus frutos se ha convertido en la acción de un supuesto Robin Hood. Pero no es así, y debe saberse. Se trata de un delincuente que ha buscado amparo en la delación para beneficiarse de una protección jurídica y un sistema judicial que despreció e intentó vulnerar a sabiendas.

Ahora, el estado español tiene que tomar una decisión. Y debe tomarla con conciencia de su responsabilidad. Pretender que quede impune un delito con la intención presunta de obtener un beneficio. No es muy edificante moralmente hablando. Y la fiscalía debería saber que eso que está dispuesta a perpetrar bien podría asemejarse a la impunidad que buscan otro tipo de delincuentes y que una vez sentada la norma de facto, el futuro puede ser sombrío para quienes utilizan y creen en el estado de derecho para combatir la delincuencia.

El arrepentimiento exige unas consideraciones de mayor calado que una espontanea voluntad de cooperación. Si no se hiciese correctamente, el precedente sería nefasto.

De otro lado, y tal y como señalábamos, hay que buscar vías legales de solución a las posibles irregularidades fiscales pero sin poner en el tela de juicio los principios fundamentales del Derecho, con mayúsculas.