¿Cómo hay que financiar los partidos políticos?

Habrán adivinado ya los lectores que partimos de la premisa de que los partidos políticos precisan de financiación. Los partidos políticos son instituciones imprescindibles para articular el derecho de participación política consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución y por otro lado son uno de los resultados normales del ejercicio del derecho de asociación reconocido en el artículo 22. En la era neotecnológica 2.0 del tiempo real hay quien apunta la posibilidad, como en otros ámbitos, de suprimir a los intermediarios y ejercitar tal derecho de participación de forma directa en una especie de Atenas virtual. Pero por el momento los partidos son, en todo el mundo civilizado, el único vehículo para articular dicha participación, así que su financiación es un asunto que no podemos eludir.

Propugno la supresión absoluta de toda financiación pública de partidos políticos.

Nuestro ordenamiento consagra un sistema mixto de financiación pública a través de múltiples subvenciones y de financiación mediante aportaciones privadas. Respecto de la primera parte mi opinión es claramente contraria. Se suele argumentar que la financiación pública libera a los partidos de ataduras y garantiza mejor su independencia. Pero la realidad es que se produce un pernicioso circuito cerrado en virtud del cual los partidos que pugnan por el poder gestionan después desde ese poder los fondos que garantizan su supervivencia, de lo cual resulta un notable efecto de casta, de manera que el objetivo primordial de los responsables políticos, en el poder o en la oposición, es garantizar la continuidad de dicho esquema, del que depende el sustento de sus cuadros directivos. Así los partidos se convierten en un medio de vida para “políticos profesionales” generando un entorno cerrado en el que lo importante es mantener el estatus de los que están dentro, pasando la gestión de los asuntos públicos a un segundo plano. Aun a riesgo de ganarme más ataques furibundos y gruesas descalificaciones, afirmo sin rubor que propugno la supresión absoluta de toda financiación pública de partidos políticos.

En cuanto a la financiación privada, y descartando por inmaterial la proveniente de las cuotas de los afiliados, debemos centrarnos en las aportaciones o donaciones de empresas y particulares. Los fundamentalistas de lo público suelen decir que hay que limitar las donaciones privadas (nuestra legislación lo hace, aunque luego deja una puerta trasera por la vía de fundaciones y asociaciones satélites) una vez más con el argumento de la independencia y la necesidad de evitar que nadie se “apropie” de los partidos. A quienes defienden esta tesis les diré que la prohibición en muchas ocasiones (y a la vista está) llama al fraude e invita a la búsqueda de la vía paralela (desde la contabilidad B hasta el pago directo de gastos electorales, pasando por todo tipo de asociaciones culturales, vecinales o patrióticas constituidas para evitar la aplicación de la ley). Mucho más eficaz resulta la transparencia: que toda donación, por pequeña que sea, se haga pública de forma automática y con acceso gratuito para el común de la población. Entonces los ciudadanos podrán sacar sus propias conclusiones sobre quién se ha apropiado o no de un partido político o de un líder determinado, en un preciso momento del tiempo.

Sin partidos no puede haber elecciones y sin elecciones no hay democracia

Y por último tampoco estaría mal revisar el papel de los partidos políticos, ya que en Europa tienden a realizar una doble función, cuando ello no es imprescindible. La primera de sus facetas, la de articular la participación política en su vertiente de promover candidaturas y programas electorales es como decíamos al principio, al menos al día de hoy, incuestionable e insustituible. Sin partidos no puede haber elecciones y sin elecciones no hay democracia. Pero la segunda función que asumen los partidos es la de la representación de intereses (empresariales, sociales, religiosos…) Y esta faceta es la que está en la raíz de muchas aportaciones privadas a los partidos. Las empresas, los sectores, los movimientos, financian a un partido a fin de que defienda un determinado interés, lo cual en muchas ocasiones produce distorsiones, sobre todo porque los partidos tienen encomendados muy diversos y a veces contrarios intereses para su defensa y tratan de ocultarlo. Si fuésemos a un modelo como el norteamericano, donde la defensa de intereses particulares o sectoriales no está encomendada directamente a los partidos, sino a grupos organizados al efecto (lobbies), cuya actividad está regulada y supervisada, y siempre y cuando apliquemos a dichos grupos la misma política de transparencia en cuanto a su financiación que la exigida a los partidos, tendríamos un escenario en el que quedaría muy claro lo que cada uno queremos financiar y para qué propósito, sin confusiones, tergiversaciones ni oscurantismos. Y en ese entorno de limpieza y transparencia, los comportamientos de quienes se meten el dinero en el bolsillo quedarían a la luz de forma mucho más evidente y podrían ser objeto de represión inmediata, sin sombras, amenazas ni tirar de la manta…

Financiación de origen privado y de conocimiento público. Receta infalible, créanme.

Juan Carlos Olarra-Estrella Digital

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