En las últimas semanas hemos asistido en toda Europa a diferentes acciones de protesta protagonizados por el mundo rural que tienen su origen en agravios diferentes, algunos de carácter nacional, pero con un denominador común, el caso omiso que hacen las autoridades a las reivindicaciones y quejas de un sector que, según sus representantes, se ha visto sobrepasado por las numerosas normativas que se han incorporado en el ámbito de la Unión Europea a raíz de la aprobación del Pacto Verde Europeo y la inclusión del concepto de la transición verde en la nueva PAC.
La Comisión Europea ha anunciado las primeras propuestas, encaminadas a aliviar la carga burocrática del campo y simplificar algunos requisitos medioambientales para acceder a ayudas. Sin embargo, tanto para los agricultores como para los gobiernos nacionales resultan insuficientes y consideran necesario acelerar las reformas y que estas sean de mayor calado.
No cabe duda de la complejidad del tema, con un sector cada vez más deprimido y frustrado que necesita ser escuchado, comprendido y tenido en cuenta. Por eso mismo, es imprescindible que desde las instituciones europeas se comprenda la magnitud de la problemática y desde la sensibilidad se dé una respuesta que restablezca la confianza de los agricultores mediante la aprobación de medidas concretas con un impacto en el corto, medio y largo plazo. Europa necesita una agricultura y un mundo rural viables económica y socialmente pero también sostenibles desde el punto de vista medioambiental. El sector agropecuario se encuentra en una difícil coyuntura, pero puede y debe superarla con la ayuda de Europa y no con ataques furibundos e indiscriminados a la Política Agrícola Común (PAC) y al Pacto Verde Europeo.
Aquí en España también estamos viviendo las concentraciones y manifestaciones del mundo rural para revindicar mejores condiciones para llevar a cabo su tarea, es decir, ni más ni menos que para producir alimentos. Un bien básico fundamental que, además, contribuye a fijar población en el territorio, en un contexto de reto demográfico. Desgraciadamente, de nuevo, la extrema derecha, con la complicidad más o menos activa del PP, está tratando de instrumentalizar esta cuestión, tratando de canalizar el malestar de agricultores y ganaderos en contra del Gobierno de España.
La derecha populista una vez más hace un planteamiento demagógico sobre este tema (y sobre todos) bajo unos principios propagandísticos que podría suscribir el mismísimo Goebbels, es decir, propagando el odio y la visceralidad mediante el señalamiento de supuestos culpables e inundándonos de fake news. Eso sí, eso de aportar soluciones, lo dejan para otro día, todo lo más que son capaces es plantear alguna idea en absoluto viable, generando frustración y rechazo, particularmente contra el Pacto Verde Europeo, centro de buena parte de sus ataques.
El cambio climático, la contaminación o la pérdida de biodiversidad, suponen graves amenazas para la producción de alimentos. Por tanto, resulta absurdo plantear las medidas ambientales como enemigas del campo. Cuestión diferente es su aplicación, en cuanto a su gradualidad y a los necesarios incentivos que deben acompañar a esas medidas: eso es lo que se denomina “transición ecológica justa”. Que es justamente lo que el Gobierno de España trata de aplicar de una manera transversal en todas y cada una de sus políticas.
Pese a las insidias y mentiras del populismo de derechas, el sector primario y la industria agroalimentaria es una prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez, como lo demuestran las políticas de apoyo a este sector que se están poniendo en marcha en nuestro país, como:
- Destinar 4.000 millones de euros durante los años 2022 y 2023 para combatir los efectos de la sequía y el aumento de los costes de producción.
- invertir 2.400 millones de euros en el Plan de Regadíos desde 2021 hasta 2027.
- Conceder 1.400 millones de euros para ayudas directas a agricultores y ganaderos.
- Arbitrar medidas de apoyo fiscal (rebajas en el rendimiento neto del IRPF o exenciones en el IBI rústico).
- Ampliación de ayudas.
- Aplazamientos de los pagos de las cuotas de la seguridad social y la reducción en los dos ejercicios en el número de jornales necesarios para acceder al subsidio de desempleo.
- La aprobación de la Ley de la Cadena Alimenticia, que ha incrementado la renta agraria en un 11,1 %.
- Destinar 51.500 millones de euros a planes de modernización al sector en el periodo 2021 al 2027.
- Establecer un PERTE Agroalimentario con una dotación de 2.800 millones de euros.
Frente a todas estas medidas del Gobierno de España, ¿que está proponiendo la derecha? Estaría bien saberlo con claridad y precisión, más allá de vaguedades y eslóganes. Algunas organizaciones agrarias y algunos partidos políticos están planteando medidas proteccionistas y ultranacionalistas que en poco ayudan a las reivindicaciones de los agricultores y que, de aplicarse, sólo agravarían la situación que atraviesan. Los agricultores españoles deberían preguntar a Vox si están de acuerdo con las propuestas de sus habituales compañeros europeos, como Marine Le Pen, que defienden abolir los subsidios agrarios para que cada país se apañe como mejor pueda, algo que, de suceder, sería prácticamente la muerte del campo español.
Una crisis coyuntural no puede poner en duda los objetivos prioritarios que se ha marcado la UE en cuanto a la necesidad de una agricultura compatible con la lucha contra el cambio climático y adaptada a las demandas de un consumo cada día más responsable. Conciliar economía y ecología es irrenunciable, en ello está el Gobierno de España mientras otros, de nuevo, han decidido convertir la política en mera propaganda sin contenido.