El Congreso de los Diputados debatirá este martes la propuesta del Parlamento de Cataluña para que el Gobierno transfiera a la Generalitat la competencia para celebrar el referéndum sobre la independencia de Cataluña. A tenor de lo expresado por los grupos parlamentarios, el Congreso rechazará democráticamente tal propuesta, porque lo contrario supondría validar la celebración de una consulta sobre una cuestión ilegal y por métodos fraudulentos.
¿Choque de legitimidades? Estricta normalidad democrática. El Parlamento catalán, en uso de sus facultades constitucionales, ha remitido una propuesta al Congreso de los Diputados porque así lo ha decidido la mayoría de la cámara autonómica, 87 de los 133 diputados presentes el día de la votación. Y el Congreso, en uso de sus facultades constitucionales, la rechazará por amplia mayoría. Y eso es la democracia: debate, votación y aceptación democrática del resultado.
¿Choque de legitimidades? Estricta normalidad democrática
Por tanto, la votación del Congreso cerrará democráticamente el paso a la vía unilateralista emprendida por el soberanismo catalán para impulsar la consulta ilegal sobre la independencia de Cataluña. A este respecto, no deja de ser significativo que Artur Mas, a diferencia de Ibarretxe, no haya querido defender en el Congreso lo que defiende en el Parlament.
Ahora bien, la expresión de la voluntad democrática de la mayoría no elimina la de la minoría. Respetar -en el mejor de los casos- no implica asumir. Mañana, la cuestión seguirá estando encima de la mesa y, por tanto, habrá que buscar caminos distintos a los hasta ahora transitados para encontrar una solución para la convivencia. Por tanto, el Congreso cerrará una puerta, pero deberá abrir otra o seguiremos en la confrontación estéril, destructiva.
La expresión de la voluntad democrática de la mayoría no elimina la de la minoría
A este respecto, reviste todo el interés el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña: no caben en el marco constitucional actual declaraciones unilaterales de soberanía ni decisiones unilaterales de convocatoria de referenda para la independencia.
Lo que sí cabe es defender un marco político diferente al actual, para Cataluña o para cualquier territorio, siempre y cuando se haga por los propios cauces que marca la Constitución, incluso si aquel cuestiona el fundamento mismo de la Carta Magna, pues “no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional”. Hablando en plata, quien quiera la independencia primero deberá promover una reforma constitucional que lo permita. Es decir, quien quiera una nueva casa, que empiece por los cimientos, no por el tejado.
Claro que esto ya lo sabíamos todos, tanto los que están a favor de la independencia de Cataluña como los que están a favor del statu quo actual, como los que estamos a favor de una reforma constitucional para federalizar España. Pero a veces es obligado solemnizar lo obvio para evitar interpretaciones sesgadas y desterrar victimismos injustificados: porque lo que el Tribunal le ha dicho a Mas y a los defensores de la independencia no es que no puedan defender lo que defienden, sino que para caminar hacia ella deben hacerlo con arreglo a la ley, ya que nadie está por encima de la ley. Por tanto, si no está de acuerdo con ella, lo que debe hacer es promover el cambio de la misma.
Lo cierto es que desde que se embarcaron en la aventura soberanista, Artur Mas y las fuerzas soberanistas catalanas han hecho gala de escasas convicciones democráticas. Primero, porque han querido burlar el marco legal vigente. Segundo, porque se han arrogado para sí el derecho a decidir que niegan al titular real de tal derecho: el pueblo español, en el que reside la soberanía y del que emanan los poderes del Estado, también el del Parlament y la Generalitat de Cataluña.
Bien, el Tribunal Constitucional ha resuelto una duda jurídica y lo ha hecho de forma meridiana: “una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”. Pero como ya dije una vez aquí mismo, la respuesta jurídica no resuelve el problema político –el encaje de Cataluña–. Este necesita una respuesta política. Y a eso apela el TC en su sentencia cuando dice que “los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado Autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito”.
Y ese es el quid de la cuestión. No vale con hacer oídos sordos ni esperar a que escampe, como si fuera algo pasajero; tampoco con esgrimir la Constitución como muro infranqueable, porque no lo es ni está en su espíritu; ni mucho menos vulnerar las leyes que nos hemos dado entre todos. Nada de eso vale ni debe ser la conclusión del debate que se celebra en el Congreso.
Lo que se necesita es abrir un proceso de diálogo que permita encontrar una solución de convivencia
Lo que se necesita es abrir un proceso de diálogo que, sin imposiciones ni chantajes, permita encontrar una solución de convivencia. Para los socialistas, esa solución se haya en la reforma federal de la Constitución, una reforma que refuerce los lazos que unen a los distintos pueblos de España mediante el reconocimiento de su diversidad y singularidad, pero que al tiempo clarifique el mapa competencial para evitar duplicidades e injerencias en los ámbitos propios de cada nivel de gobierno, estableciendo además un modelo de financiación pactado y basado en la autonomía financiera, la suficiencia y la solidaridad.
Si hace 35 años hallamos una solución para convivir y construir juntos la España que nacía a la democracia, ¿vamos a ser menos ahora?
Se impone la altura de miras.
José Blanco