Salvo Gaspar Llamazares, seguramente persuadido de que hay causas que deben ser defendidas desde la intemperie, ningún otro diputado de la Nación se acercó a las puertas del Supremo para expresar su adhesión y dar aliento al juez que, por querer serlo verdaderamente al investigar a fondo la trama Gürtel, significado episodio del brutal latrocinio que viene sufriendo la sociedad española, se ve sentado en el banquillo y despojado de su función en la Audiencia Nacional, donde los magistrados probos y valientes son tan necesarios. No habla muy en favor de la Cámara, de sus actuales inquilinos, esa desafección personal de todos ellos no hacia un individuo, Garzón, sino hacia un caso netamente político. ¿O es que, como aconsejaba Franco, prefieren no meterse en política?
Pero del mismo modo que este primer juicio contra Baltasar Garzón puede ser calificado de «netamente» político, podría serlo de «exclusivamente» político, por cuanto la acusación de haber lesionado con las escuchas telefónicas a los presuntos mafiosos de la Gürtel su derecho a una defensa con todas garantías, no se sostiene. Ni jurídicamente, pues los reos tenían derecho a departir secretamente con sus abogados, pero no a urdir impunemente en sus charlas con ellos el blanqueo y la evasión a paraísos fiscales de lo robado a los españoles mediante apaños con políticos venales, ni, desde luego, desde el punto de vista del sentido común: se trataba de evitar precisamente, a petición del Fiscal, la evaporación de los 20 millones de euros escondidos en Suiza.
Rafael Torres