El congresista de Georgia Austin Scott, favorito del movimiento fiscal y secretario de la promoción de congresistas Republicanos advenedizos, se tomó su tiempo para comenzar su cometido de legislador pero presentaba finalmente su primer anteproyecto la pasada semana.
Su estilo artesano debería de complacer a los que cantan «leed el anteproyecto» en las concentraciones políticas multitudinarias, porque la H.R. 2774 consta de una única oración. En todo su esplendor: «Se promulga de conformidad con el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América representados en el Congreso, Que la Ley de la Corporación de Servicios Jurídicos queda abolida».
Esta única oración dice muchísimo de Scott, porque constituye una patente tentativa del joven legislador de proteger a una empresa de su distrito electoral que está discriminando a ciudadanos estadounidenses en favor de mano de obra inmigrante mexicana. Scott presentó el anteproyecto que deroga la Ley de Servicios Jurídicos justo tres días después de que saliera a la luz de la instancia había ganado un proceso de arbitraje en la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales de los Estados Unidos que determinó que la empresa de Georgia Hamilton Growers participa «de una política o práctica de negar horas de trabajo con regularidad y asignar encargos menos favorables a los trabajadores estadounidenses en favor de los inmigrantes con permiso H-2A de trabajador invitado». La Hamilton también practica «una política o práctica de quitar trabajo a los trabajadores estadounidenses y reemplazarlos por inmigrantes con permiso de trabajo H-2A», dictamina la Comisión.
En un sentido más amplio, el anteproyecto de ley de Scott se topa con algo del movimiento de protesta fiscal tea party que me tiene preocupado desde hace tiempo: está alimentado por la indignación popular, pero ha sido secuestrado por plutócratas. Los efectivos de a pie honestos del movimiento de protesta fiscal exigen que el poder vuelva al pueblo, pero a continuación su influencia se utiliza para apoyar privilegios fiscales destinados a millonarios. Se congregan en favor de leyes de inmigración más estrictas, pero a continuación su representante en Washington ayuda a las empresas a despedir mano de obra estadounidense y contratar inmigrantes extranjeros.
Durante su fructífera campaña encaminada a desbancar al Demócrata moderado Jim Marshall, Scott protagonizó un mensaje de dureza con la inmigración. Según la crónica del Tifton Gazette de su ciudad natal en aquella época: «Scott manifiesta que el Congreso ha cometido negligencia en su cometido de garantizar la integridad de las fronteras estadounidenses y dice haber votado en favor de leyes de inmigración más estrictas que incluyen convertir el inglés en el idioma oficial, decomisar los vehículos de los inmigrantes ilegales, imponer reglamentos más estrictos a los empresarios para comprobar que la mano de obra está constituida por ciudadanos estadounidenses regulares y presidió el comité de verificación de la regularidad de los votantes… Afirma que el empleo es la atracción más fuerte de los inmigrantes irregulares que llegan al país y que dificultarles encontrar trabajo frenará la entrada de ilegales».
Teniendo en cuenta eso, hubiera esperado que Scott se pusiera de parte de las docenas de ciudadanos estadounidenses de Georgia que denuncian que la empresa Hamilton Growers les despidió de forma ilegal en favor de mano de obra mexicana con permiso de trabajo H-2A.
La instancia de Servicios Jurídicos aceptó el caso y el 29 de julio, difundió una circular de prensa anunciando la victoria. (Están en curso las negociaciones para llegar a un acuerdo sin pasar por los tribunales).
Scott presentó su anteproyecto el día 1 de agosto.
El proyecto de ley H.R. 2774 pone fin a la práctica del estado, que se remonta a la administración Nixon, de brindar defensa legal a las personas de renta modesta que lo soliciten en procesos de igualdad ante la justicia: mujeres que piden órdenes de alejamiento de cónyuges maltratadores, propietarios de casas que piden moratorias a los desahucios por impago de hipotecas abusivas, y casos civiles comparables.
«Nos encontramos en un momento en que el Congreso tiene que examinar los programas y preguntar: ‘¿Esto es absolutamente imprescindible?», decía Austin en una declaración cuando le pedí que se extendiera en su respuesta. Observando que las instancias estatales y locales, los colegios de abogados y los abogados de oficio ayudan a subvencionar la defensa gratuita, adujo que «cancelar la financiación federal de la Comisión no impedirá que los pobres tengan defensa legal. Esta ley simplemente elimina de la espalda del contribuyente federal un programa innecesario y redundante».
Aun así, hasta un nutrido grupo de Republicanos consideran la instancia jurídica de valor. Aunque los legisladores Republicanos han propuesto un recorte del 26% en el actual presupuesto de los Servicios Jurídicos de 379 millones de dólares, 68 de ellos se unieron a los Demócratas para tumbar un intento este año de retirar la financiación a la instancia.
Phyllis Holmen, directora ejecutiva de la instancia en Georgia, dice no haber hablado nunca con Scott ni «haber tenido conocimiento nunca de sus opiniones relativas a Servicios Jurídicos» antes de que él presentara su proyecto de ley. Ella dice que es común por parte de las explotaciones agrícolas ponerse en contacto con sus congresistas para pedirles ayuda cuando algún demandante a través de la instancia les lleva a los tribunales.
Si Scott fuera sincero en su apego al movimiento de protesta fiscal, habría dicho a las explotaciones que se fueran con viento fresco. Habría anunciado el caso a los cuatro vientos como prueba de que los estadounidenses están dispuestos a ocupar los puestos de trabajo de las empresas afirman que sólo ocupan extranjeros. En palabras de uno de los demandantes estadounidenses: «Nos esforzamos en nuestros puestos y queríamos el trabajo de verdad, pero la Hamilton no quiere americanos trabajando en sus terrenos».
En lugar de eso, Scott optó por alinearse con un gran empresario que contrata extranjeros en su distrito electoral, en contra de los electores de él en paro.
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Dana Milbank