Con diversas intenciones, los seres humanos tienden a invocar el nombre de Dios en las trincheras, en el fragor de las pasiones y en los debates presupuestarios.
Durante el reciente enfrentamiento por el techo de la deuda, el congresista Republicano de Carolina del Sur Tim Scott apuntaba a «la inspiración divina» su oposición a la propuesta inicial del presidente de la Cámara John Boehner. La activista Demócrata Donna Brazile tuiteaba: «Que yo sepa, Dios está por encima de este trasto partidista. Pero estoy segura (como creyente) que Jesucristo sería justo y partidario del sacrificio compartido». No quedó inmediatamente claro que el Hijo de Dios apoye el cierre de las lagunas del marco tributario que favorecen a las multinacionales o si prefiere las subidas fiscales.
A tenor del testimonio de parte de sus creyentes, Dios está al mismo tiempo a la derecha de Boehner y a la izquierda del secretario de la mayoría en el Senado Harry Reid (que no incluyó nuevas fuentes de recaudación en su propuesta). Ambas formaciones leen la misma Biblia y rezan al mismo Dios, pero al parecer escuchan a economistas diferentes.
Este uso de la religión en política es fuente de cinismo. Debería de activar las alarmas que las opiniones del Todopoderoso encajen convenientemente en nuestras necesidades políticas más acuciantes. Una fe que se ajusta de forma exacta a los límites de una ideología política ha perdido su independencia. Las iglesias se convierten en clubes de los políticamente afines. El diálogo político lo acusa, puesto que los rivales se consideran herejes. Y cuando la religión se aproxima a identificarse demasiado con una plataforma política detallada, las dos cosas quedan rápidamente desfasadas. ¿Alguien se acuerda de la opinión de Dios del uso de dos metales como patrón monetario, a pesar de todos los esfuerzos del congresista del XIX William Jennings Bryan?
Pero aun así la religión no es una cuestión privada del todo. Hay una razón para que, dos milenios después de su ejecución como rebelde en algún oscuro confín del Imperio Romano, la gente todavía se pregunte: «¿Qué haría Jesucristo?» A pesar de su indiferencia hacia la política romana, sus enseñanzas de compasión y dignidad humana han tenido extraordinaria repercusión pública. Mientras que una postura cristiana en política monetaria constituye una extralimitación, la oposición cristiana a la esclavitud o la segregación es cuestión de coherencia. La fe no dicta legislaciones concretas, que son decididas de forma idónea mediante la prudente evaluación de los resultados probables. Pero la religión ayuda a definir las prioridades de la política, que incluyen la solidaridad para con los desfavorecidos.
Por cuestión moral, la redacción de los presupuestos federales se sitúa en alguna parte entre el uso de dos metales preciosos como referencia de la divisa y el abolicionismo, dejando espacio al debate saludable. Dos recientes iniciativas rivales han tratado de extirpar las implicaciones éticas de las opciones presupuestarias. El colectivo de líderes cristianos llamado A Circle of Protection aduce: «La referencia moral del debate es cómo quedan los más vulnerables y pobres». «La comunidad cristiana», prosigue su intervención, «tiene la obligación de ayudar a que se les escuche, a unirse al resto al insistir en que los programas destinados a los más vulnerables de nuestro país y en todo el mundo queden protegidos».
Algunos miembros del colectivo sucumben a la tentación de Brazile preguntando: «¿Por dónde haría recortes Jesucristo?», insinuando que determinadas decisiones legislativas no son equivocadas sino heréticas. Otro colectivo, llamado Christians for a Sustainable Economy (CASE), ofrece un correctivo apuntando que la suma de deuda y estancamiento económico también plantea retos morales, y destacando que parte del gasto social que se realiza de forma bienintencionada es ineficaz. «Estamos seguros de que los pobres de esta generación y las próximas generaciones», reza su circular, «son atendidos de la mejor forma mediante legislaciones que promueven el crecimiento y la libertad económicos».
El colectivo CASE, sin embargo, parece participar de alguna extralimitación propia, al afirmar que la compasión «se traslada de la mejor forma a través de la caridad cristiana y el consejo espiritual, no de los programas públicos». Si se trata de una afirmación de que las organizaciones religiosas de caridad cuentan con ventajas únicas sobre la burocracia del estado, no es polémica. Si es una afirmación de que la caridad y el consejo espiritual pueden reemplazar a los programas públicos que brindan almuerzos escolares, tratamiento del sida o cobertura sanitaria para los pobres, resulta peligrosamente ajena al mundo real. El alcance de las iniciativas privadas no basta para satisfacer la demanda de justicia pública, lo que concede al estado un papel importante.
Tanto los argumentos del colectivo Circle como los del colectivo CASE tienen mérito. Pero el enfoque del Circle es más urgente. El gasto público en la pobreza y los programas globales de salud supone una mínima parte del gasto administrativo independiente de la defensa y resulta esencialmente irrelevante de cara a la deuda de América a largo plazo. El argumento político a favor de hacer igual énfasis en los reportes de los programas de la pobreza y las reducciones del gasto público social está desinformado a tenor de la naturaleza de la crisis presupuestaria, debida de forma desproporcionada a la crisis sanitaria social. La filosofía simplista del «sacrificio compartido», centrada sobre todo en los recortes del gasto administrativo, exige sacrificios desproporcionados a los más vulnerables. Si los religiosos no exponen este argumento, es difícil determinar qué mensaje particular van a trasladar.
No se trata de un argumento suscrito por Dios, pero corresponde a la realidad presupuestaria. Y esto constituye una virtud en sí mismo.
Michael Gerson