Otro varapalo digital para el gobierno. Otra resolución contra su peor pesadilla en internet: la Audiencia Nacional anula la orden ministerial que determina los soportes gravados con canon. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando ilegal el canon para administraciones y empresas, la compensación por copia privada deberá reformarse por el “vicio radical” de la falta de justificación jurídica y económica. Pero la Audiencia no entra en sus verdaderos vicios: la injusticia de una tasa indiscriminada por una copia hipotética, un impuesto privado cobrado por las sociedades de derechos de autor sin suficiente transparencia sobre su reparto ni garantías para los consumidores.
El canon ha sido el peor error digital del Gobierno del PSOE, como reconocen muchos responsables socialistas. Se instauró en 2006 con una fuerte pugna entre José Montilla, entonces ministro de Industria, y el Ministerio de Cultura. El PP lo aprobó con la Ley de Propiedad Intelectual pero se pronunció en contra y Mariano Rajoy prometió su modificación.
Desde entonces los ciudadanos, y hasta hace pocos días empresas y administraciones, pagan una tasa que pone a todos bajo sospecha.
El vicio del canon es cobrar por cada copia, aunque sea realizada para disfrutar de ella en diferentes soportes y equipos tras su adquisición. Mantiene el control de las copias no comerciales de las obras en manos de autores y editores, en contra de los derechos del consumidor. Y no compensa lo que en realidad quiere atajar: la distribución no autorizada de contenidos, copia a copia o a través de las redes de descargas (P2P o directas).
Europa garantiza la compensación equitativa, pero la lógica de la copia es un anacronismo en la era de la superabundancia de contenidos, accesibles a través de diferentes plataformas y aparatos, alojados en los servidores de la nube (cloud computing). La era del hiperconsumo inmediato y en ubicuidad.
Las obras y autores más afectados por las copias ilegales no son los superventas ni los que revientan la taquilla, sino los que no alcanzan las pantallas adecuadas ni el marketing para captar la atención de los consumidores inundados por la saturación. La regla de oro del éxito es que lo que no se comparte y redistribuye viralmente en las redes no interesa ni se valora.
Una sociedad de autores donde las recomendaciones, la remezcla y la fan fiction -las secuelas y obras derivadas creadas por los seguidores- son la medida del éxito de un creador. Pero el canon no entiende de negocio digital ni de derechos de los prosumidores, quienes crean y consumen.
Cuando media Europa debate licencias públicas o tasas planas para compensar los contenidos distribuidos en las redes digitales, los dueños de los derechos restringen la oferta y acuerdan precios para sostener un mercado a menudo abusivo sin que los políticos reformen una propiedad intelectual sobrepasada por el consumo y la tecnología.
El canon persiste. El Gobierno puede corregir la orden ministerial o reformar más a fondo el canon. Perder otra oportunidad para repensar la propiedad intelectual como ocurrió con la ley Sinde sería un nuevo error que hundirá todavía más su maltrecha reputación entre muchos ciudadanos y castigará a todos. Un canon de estulticia.
Juan Varela