viernes, abril 19, 2024
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Algunos países de la UE expresan dudas ante la propuesta lingüística de España

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España busca que el catalán, euskera y gallego se reconozcan como lenguas oficiales en la Unión Europea (UE), pero enfrenta la resistencia de varios países miembros que se muestran cautelosos ante el impacto administrativo y financiero de tal decisión.

La propuesta surge tras el acuerdo al que llegaron el Gobierno y Junts, para buscar el apoyo de este partido a Francina Armengol para presidir el Congreso. Si bien España aspiraba a obtener un consenso en la próxima reunión del Consejo de la UE, las posibilidades parecen desvanecerse dadas las preocupaciones expresadas por algunos países.

Suecia y Finlandia, por ejemplo, han expresado públicamente sus inquietudes sobre la propuesta. El Gobierno finlandés advirtió que tal reconocimiento podría suponer un aumento en la carga financiera y administrativa de la UE, ralentizando potencialmente la toma de decisiones. Aunque el país nórdico valora la diversidad lingüística, sugiere que hay otras formas menos onerosas de promover las lenguas cooficiales. En la misma línea se ha expresado Suecia, llamando a considerar las implicaciones presupuestarias y prácticas antes de decidir.

La decisión no sólo genera escepticismo en estos dos países. Fuentes diplomáticas de otros Estados miembros han destacado la necesidad de profundizar en el estudio de las consecuencias. Algunos sugieren que una única reunión de embajadores y la posterior reunión de ministros no es suficiente para tomar una decisión tan trascendental.

Algunos diplomáticos han señalado que la premura con la que España presenta la propuesta no es compartida por otros países, pues existen prácticas, como el coste de agregar estas tres lenguas a las 24 ya oficialmente reconocidas y cómo se gestionaría la demanda de traductores e intérpretes.

No obstante, España insiste en que no ha recibido un rechazo definitivo. Fuentes diplomáticas españolas indican que, aunque se han solicitado informes de impacto, no hay oposición frontal a la propuesta. España ve esto como una oportunidad para probar el apoyo unánime necesario durante su presidencia semestral del Consejo.

La decisión final se conocerá tras las reuniones del 19 de septiembre, si se logra la unanimidad requerida entre los países miembros.

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