La Audiencia Nacional ha decidido admitir parcialmente la querella presentada por Podemos contra varios ex cargos del Ministerio del Interior y de la Policía, relacionada con presuntas investigaciones irregulares dirigidas contra el partido durante los años 2015 y 2016. Sin embargo, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto con otros altos funcionarios, han sido excluidos de la investigación por falta de indicios suficientes en su contra.
El juez Santiago Pedraz, encargado del caso, ha señalado que se investigarán las acciones de Francisco Martínez, quien era el secretario de Estado de Seguridad en aquel momento, y de Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, entre otros.
La querella de Podemos acusa a estos individuos de delitos de organización criminal, revelación de secretos y prevaricación, entre otros, alegando la creación de pruebas falsas para dañar la imagen del partido.
La formación política sostiene que estas acciones estaban dirigidas a desprestigiar a Podemos ante la opinión pública, utilizando para ello filtraciones a medios de comunicación que se presentaban como fiables por venir de «fuentes policiales». Estas actividades incluían investigaciones prospectivas fuera del control judicial y del Ministerio Fiscal, dirigidas específicamente contra miembros del partido.
El juez Pedraz, tras examinar la querella, ha decidido admitirla parcialmente, afirmando que algunos de los hechos denunciados caen bajo la competencia de la Audiencia Nacional y podrían constituir infracciones penales. Sin embargo, ha descartado incluir en la causa a Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, y a otros responsables policiales, alegando falta de evidencia de su participación directa en las acciones delictivas imputadas.
En su auto, Pedraz también ha rechazado las solicitudes de Podemos para que declararan periodistas como testigos, argumentando que su labor está protegida por el secreto profesional y por el derecho a la información, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española.