miércoles, noviembre 6, 2024
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Absoluciones en el caso Imelsa: 7 acusados quedan libres

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La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dado a conocer este miércoles la decisión de absolver a siete personas vinculadas a la pieza del caso Imelsa. Este caso se relaciona directamente con la asignación de un contrato para servicios telefónicos en la Corporación Provincial. Entre los absueltos destaca la presencia de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia. Marcos Benavent, conocido públicamente como el ‘yonki del dinero’, también se encuentra entre los absueltos, junto con su exsuegro, Mariano López, y otros empleados de la Diputación.

La información fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. A pesar de las acusaciones iniciales que incluían cargos como prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsificación y blanqueo de dinero, el tribunal ha establecido que no existen pruebas suficientes para demostrar la comisión de tales delitos. Cabe mencionar que esta resolución no es definitiva y podría ser apelada.

El juicio, que abordó la pieza separada D del amplio caso Imelsa, se desarrolló durante varias sesiones entre el 25 de abril y el 5 de junio del presente año. Es relevante mencionar que, en las etapas finales del juicio, la Fiscalía decidió retirar las acusaciones contra un octavo acusado, Fernando P.R., debido a consideraciones relacionadas con su salud.

Las investigaciones se centraron en la posible comisión de actos irregulares en la concesión y ejecución del contrato de servicios telefónicos de la Diputación, que estuvo a cargo de la empresa Servimun. Los siete absueltos, previamente acusados de varios delitos, incluido el blanqueo de capitales, defendieron con firmeza su inocencia a lo largo del proceso. Rus, que enfrentaba una posible sentencia de ocho años de cárcel, expresó su frustración con el juicio, señalando que «lo único que se vio en la vista era que se había divagado y que se había intentado ir contra él».

El caso Imelsa ha sido uno de los procesos más mediáticos en la Comunitat Valenciana en los últimos tiempos, abriendo debates sobre la integridad y la gestión en entidades públicas. 

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