jueves, mayo 2, 2024
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El PSIB denuncia al director del IbSalut por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos

Iago Negueruela cree que son los delitos más graves que presuntamente puede cometer un director general o un funcionario público, por lo que Javier Ureña debe ser destituido de forma inmediata

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El Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB) ha presentado una denuncia en un juzgado de instrucción de Palma contra el director general del IbSalut, Javier Ureña, acusándolo de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La acusación se fundamenta en la renuncia al primer expediente de reclamación de mascarillas compradas durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, actualmente investigada por la Audiencia Nacional (AN).

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Según el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, la denuncia fue presentada tras una rueda de prensa en la que compareció junto a la diputada Mercedes Garrido. Los socialistas acusan a Ureña de haber construido un expediente para ocultar la caducidad de la reclamación iniciada por el anterior gobierno, con el conocimiento de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el resto del Ejecutivo autonómico.

La denuncia, se extiende también a Ignacio Rotaeche, socio mayoritario de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, así como a la propia mercantil. En ella, los socialistas acusan a Ureña de permitir deliberadamente la caducidad del expediente de reclamación en beneficio de la empresa y sus partícipes, y bajo presión mediática.

Según la cronología presentada por el PSIB, el 20 de marzo de 2023 se comunicó a la empresa que las mascarillas suministradas no cumplían con los requisitos del contrato. Posteriormente, el 6 de julio del mismo año, se inició la resolución parcial del contrato reclamando una cantidad de 2,7 millones de euros. Sin embargo, el 24 de agosto de 2023, Javier Ureña continuó con el expediente, que finalmente caducó en enero de 2024.

El PSIB acusa a Ureña de haber mantenido una conducta omisiva deliberada, provocando la caducidad del expediente en beneficio de la empresa adjudicataria. La denuncia también señala que el inicio de un nuevo expediente, sabiendo que no era conforme a derecho, fue una maniobra para desviar la atención sobre su conducta ilegal.

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