miércoles, mayo 1, 2024
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El presidente del CGPJ exige la renovación inmediata para abordar la crisis judicial en el Campo de Gibraltar

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El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha instado a la renovación urgente de este órgano como una medida inmediata para abordar los desafíos judiciales en España y en el Campo de Gibraltar.

Guilarte expresó su preocupación por la situación de interinidad en la que se encuentra el CGPJ, afirmando que esta situación pone en riesgo la legitimidad de la justicia en el país. En una reunión con magistrados de Cádiz y Huelva para discutir el impacto del narcotráfico en la región, el presidente del CGPJ subrayó la necesidad de dotar al nuevo Consejo de los recursos necesarios para liderar los cambios requeridos en los juzgados del Campo de Gibraltar y Cádiz, como el refuerzo de magistrados y la reorganización de los juzgados para enfrentar mejor los casos de narcotráfico.

El presidente en funciones del Poder Judicial abandonará su cargo este verano

Guilarte enfatizó la importancia de un Consejo con una visión de futuro y no uno en situación de interinidad, y señaló que su presencia en la reunión tenía como objetivo escuchar las necesidades de los jueces locales para poder proporcionar el apoyo adecuado desde Madrid.

Respecto a las medidas concretas, Guilarte mencionó que la creación de más órganos judiciales podría mejorar el funcionamiento del sistema, pero reconoció que esto no es una tarea fácil debido a las múltiples administraciones involucradas en la justicia y en la asignación de recursos.

Sobre la posibilidad de derivar causas por narcotráfico a la Audiencia Nacional, el presidente del CGPJ consideró esta medida adecuada según lo expresado por los magistrados locales. Sin embargo, destacó la importancia de buscar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de consultar tanto con la Audiencia Nacional como con los jueces locales para encontrar soluciones efectivas.

La renovación del CGPJ se presenta como una prioridad para garantizar una justicia eficaz y legítima en España, especialmente en regiones como el Campo de Gibraltar, donde el problema del narcotráfico requiere una respuesta adecuada por parte del sistema judicial.

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