miércoles, mayo 1, 2024
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La Comisión de Venecia reconoce que la ley de amnistía «no va en contra de la separación de poderes»

Marta Cartabia niega que la ley de amnistía vaya en contra de la separación de poderes, pero sí sugiere que "no se puede hacer pensando en personas concretas" y anima al Gobierno a buscar una mayoría consultiva.

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Ángela Merino
Ángela Merino
Periodista y comunicadora. | [email protected]

La Comisión de Venecia no cree que la ley de amnistía vaya en contra de la separación de poderes, pero sí que hace algunas recomendaciones al Gobierno. Les sugiere buscar una mayoría cualificada para aprobarla, porque reconocen la voluntad de reconciliación de la norma, pero creen que «no se puede hacer pensando en personas concretas».

La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía con recomendaciones al Gobierno

Marta Cartabia, vicepresidenta de la Comisión de Venecia en el Consejo de Europa, ha comparecido en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara, en el marco de un debate sobre la futura aprobación de la ley de amnistía en España.

Cartabia ha trasladado la posición del organismo del Consejo de Europa, que no es una institución de la Unión Europea. Peor la Comisión Europea, que sí lo es, ha reconocido que tendrá en cuenta a la Comisión de Venecia para elaborar su análisis cuanto la norma está aprobada definitivamente. «Sus consideraciones sobre los requisitos del Estado de derecho para las amnistías van una perspectiva útil», señalan desde Bruselas.

Cartabia ha reconocido que la ley de amnistía en ningún caso «va contra la separación de poderes» y tampoco creen que les corresponda decidir si la norma es legal o no. Sin embargo, sí hace algunas recomendaciones al Gobierno y recoge las principales preocupaciones por la «enorme división en el mundo político, las instituciones, las universidades y la sociedad española».

Cartabia, en nombre de la Comisión de Venecia, también subraya que la ley «no se puede hacer pensando en personas concretas» y también critica su duración temporal. Además, invita al ejecutivo a buscar una mayoría consultiva para aprobarla, porque reconocen que tiene voluntad de «reconcialiación».

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