La jornada de este martes es decisiva en el Congreso de los diputados, donde se debate y vota la importante ley de amnistía, que tiene como destino final el Senado. Junts no ha descartado la posibilidad de rechazar la ley, con la intención de buscar una revisión que incluya amnistías para cualquier forma de terrorismo.
El proceso parlamentario permite que las enmiendas propuestas por los distintos grupos se mantengan activas hasta el último momento del debate, programado para comenzar hoy a las 15 horas. Junts se mantiene firme en su defensa de 11 enmiendas propias, además de otras cuatro en colaboración con el PNV y ERC. Por su parte, el Partido Popular, en oposición a la ley, busca derogar la totalidad de la iniciativa a través de veinte enmiendas propuestas.
La controversia se centra en los delitos de terrorismo excluidos de la amnistía, según lo definido en la Comisión de Justicia. Se excluyen aquellos delitos que causen «violaciones graves de derechos humanos», en consonancia con los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protegen el derecho a la vida y la prohibición de la tortura. Además, se establece que los jueces deben levantar «de inmediato» cualquier medida cautelar, orden de búsqueda o de detención relacionada con el ‘procés’, independientemente de cualquier procedimiento legal en curso.
Las negociaciones continúan, pero se cierra la posibilidad de incorporar nuevas enmiendas que no cuenten con el consenso de todos los grupos políticos, algo improbable dada la postura de PP y Vox.
Un aspecto crítico de la ley es su potencial para beneficiar a figuras como Carles Puigdemont y Marta Rovira, quienes están bajo investigación por sucesos relacionados con las protestas de 2019 y un incidente en El Prat. Además, Junts y el PNV buscan ampliar la amnistía para cubrir delitos que afecten la paz o la independencia del Estado.
Recientemente, el juez Joaquín Aguirre, en el marco del ‘caso Volhov‘, destacó las conexiones entre Puigdemont y políticos de extrema derecha de Alemania e Italia, así como con Rusia, en el contexto de la trama rusa del procés.
La ley de amnistía busca anular responsabilidades penales, administrativas y contables por delitos relacionados con el movimiento independentista entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Junts propone una aplicación retroactiva de dos meses para incluir casos pendientes en el Tribunal de Cuentas.
El PP, con mayoría en el Senado, podría retrasar la tramitación de la ley, que no entraría en vigor hasta su aprobación final en el Congreso, prevista para abril.
La ley beneficiaría directamente a Carles Puigdemont, líder de Junts y miembro del Parlamento Europeo, así como a otras figuras prominentes como Toni Comín y Marta Rovira, implicados en el «procés» y actualmente fuera de España. La ley de amnistía prevé el levantamiento de todas las medidas cautelares aplicadas a los implicados.