Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlamento Europeo, ha lanzado una acusación contundente contra el Gobierno español. Montserrat ha criticado duramente la acción legal emprendida por Sumar, socio de coalición del PSOE, contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La querella se centra en la participación del CGPJ en un Pleno extraordinario que se opuso a la ley de amnistía propuesta. Montserrat ha expresado su descontento diciendo: «El lawfare lo pedía Puigdemont y ya lo aplica el Gobierno de España. El señalamiento y la persecución a los jueces es inadmisible en democracia, y más todavía cuando la cacería política sale del propio Gobierno».
La controversia surge de la querella presentada por Sumar contra Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ, y otros miembros conservadores del organismo. Se les acusa de una «inaceptable intromisión» en las labores legislativas del Congreso. Esta acción ha sido interpretada por algunos como un ataque a la independencia judicial y una violación de la separación de poderes.
Montserrat ha llevado estas preocupaciones a la Comisión Europea, cuestionando la aceptabilidad de estas acciones por parte del Gobierno. Ha preguntado si «considera aceptable que el Gobierno señale y persiga a vocales del CGPJ» y si la Comisión defiende que «el Gobierno de España debe velar por la independencia judicial y la separación de poderes».
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez, también han expresado su inquietud. Gamarra ha criticado la querella en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, diciendo: «Primero ofrecen impunidad a sus socios, después anuncian vigilar a los jueces desde el Congreso, y ahora, directamente, les denuncian por defensor la democracia. Quieren una Justicia a su servicio».
Fúnez, por su parte, ha señalado que esta acción de Sumar, al ser parte del Gobierno, representa una ruptura en la separación de poderes.
Además, Montserrat ha informado a la Comisión Europea sobre la anulación del ascenso de Dolores Delgado, exministra de Justicia de Sánchez, a fiscal de Sala. Ha denunciado la «desviación de poder» del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha solicitado a la Comisión que «proteja la independencia» de jueces y fiscales en España.
La situación se complica con el historial de García Ortiz, quien fue nombrado fiscal general del Estado en 2020, reemplazando a Delgado. Su nombramiento y posterior ascenso de Delgado han sido objeto de críticas por parte de la Carrera Fiscal. La Asociación de Fiscales ha pedido incluso la dimisión de García Ortiz, acusándolo de pasividad ante los pactos del PSOE con partidos separatistas catalanes.