La Unesco ha manifestado su inquietud respecto al estado actual del Parque Nacional de Doñana y ha instado a España a implementar medidas de protección. España tiene hasta el 1 de diciembre de 2024 para presentar un informe detallado sobre el bienestar de este espacio natural, implementando las medidas del Monitoreo Reactivo de 2020 centrado en los acuíferos. La organización ha señalado que, de lo contrario, Doñana podría ser catalogado como Patrimonio Mundial en Peligro.
La Unesco también ha enfatizado la necesidad de clausurar los pozos ilegales y ha mostrado su preocupación ante la propuesta de ley registrada por PP y Vox en el Parlamento andaluz sobre la Corona Norte. El ente internacional revisará estos puntos entre el 10 y 25 de septiembre en Riad, durante la sesión del Comité Intergubernamental para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial.
A pesar de reconocer los esfuerzos de España en la conservación del acuífero de Doñana, la Unesco advierte sobre la sobreexplotación existente y urge a la completa implementación de las medidas de 2020. Además, la tramitación de la regularización de regadíos en la Corona Norte ha generado alarmas, solicitando que se siga el Plan Especial de Ordenación del área.
Adicionalmente, el organismo internacional pide claridad sobre la aprobación del Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir (2021-2027) y busca estrategias específicas para abordar los posibles impactos del cambio climático en el parque.
Un indicador alarmante es la disminución de aves acuáticas que frecuentan Doñana, debido a sequías y escasez de agua superficial.
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones y ministra para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, ha catalogado esto como una «advertencia» y hace un llamamiento al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para proteger Doñana y reconsiderar la ley de ampliación de regadíos.
WWF, por su parte, ha expresado su descontento con la situación actual del parque, haciendo eco de la necesidad de acción inmediata. La ONG insta a la Junta de Andalucía a actuar conjuntamente con el Gobierno central para abordar y restaurar la funcionalidad hidrológica de Doñana y cumplir con las responsabilidades internacionales.
Finalmente, la inclusión de Doñana en la lista de Patrimonios en Peligro se consideraría un duro golpe para España, particularmente para Andalucía, y podría desencadenar consecuencias tanto ambientales como políticas.
El conflicto en Doñana le podría costar a España 300 millones de euros