viernes, febrero 23, 2024
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El Constitucional suspende cautelarmente la demolición de la isla de Valdecañas en Cáceres

El Pleno ha decidido aprobar la medida cautelar solicitada en respuesta a los recursos presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo norte, centro y sur de la 'Isla de Valdecañas'

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El Tribunal Constitucional ha decidido suspender de manera cautelar el derribo del complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas, ubicado en Cáceres, hasta que se tome una decisión definitiva sobre el asunto.

Esta medida cautelar se ha acordado en respuesta a los recursos presentados hace un año por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo.

El Tribunal de Extremadura acuerda seguir con la demolición de la Isla de Valdecañas

La votación en el Pleno del Tribunal Constitucional ha sido de seis votos a favor y cinco en contra, respaldando así la ponencia redactada por el magistrado Enrique Arnaldo.

El problema con la isla de Valdecañas se inició en 2011

En noviembre pasado, el tribunal admitió a trámite los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Supremo, que en febrero de 2022 ordenó demoler el complejo urbanístico en su totalidad, tras dar la razón a Ecologistas en Acción-CODA.

El conflicto se remonta a 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló la aprobación de la Junta de Extremadura a la Isla de Valdecañas y ordenó que los terrenos volvieran a su estado anterior a la aprobación del proyecto.

El Tribunal Supremo confirmó estas resoluciones, pero en 2021 el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas en su totalidad y acordó demoler solo las partes no terminadas, permitiendo la conservación del hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.

Sin embargo, en 2022, el Tribunal Supremo, atendiendo al recurso de la organización ecologista, ordenó la demolición de todas las construcciones, incluidas las ya terminadas.

Es esta última resolución la que ahora se está impugnando en el Tribunal Constitucional por parte de la Junta de Extremadura, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.

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