sábado, abril 27, 2024
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¿Qué debe hacer un vendedor ambulante para dejar de depender de la manta?

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Y es que la inmensa mayoría de ellos se encuentran en situación irregular, lo que no les permite buscarse muchas otras forma de vida. Además, la actual legislación en materia de extranjería es extremadamente exigente para lograr un permiso de residencia temporal que permita a los manteros o a cualquier persona sin papeles vivir conforme a la legalidad y, sobre todo, con una tranquilidad que ahora desconocen.

Así lo ejemplifica el caso de Mamadou, un joven senegalés que tras unos días de prueba en la cocina de un restaurante en el que trabaja su primo, en L’Ampolla (Tarragona), se presentó en la Subdelegación del Gobierno y pidió un permiso de residencia temporal, ya que la propiedad del establecimiento se había decidido a contratarle.

«Autorización denegada», señala la resolución, que argumenta que el restaurante «no demuestra suficiencia de medios económicos» para ampliar plantilla, aunque posteriormente ha contratado a una decena más de trabajadores, y avisa a Mamadou de que «tiene la obligación de abandonar el territorio nacional en el plazo máximo de 15 días».

¿Donde está ahora Mamadou? No ha salido de España, pero ya no se deja ver por L’Ampolla: «Su primo responde de forma poco clara, por eso deduje que está haciendo de mantero», señala una persona cercana a la propiedad del restaurante.

Vivir en España de forma irregular puede comportar la reclusión en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), cuyas condiciones denuncian reiteradamente diversas ONG, si un juez requiere el ingreso mientras tramita «un expediente sancionador en el que puede proponerse la expulsión del territorio español», señala la web del Ministerio de Interior.

Para evitar este riesgo, quien se encuentra en situación irregular puede reclamar que se le conceda un permiso de residencia temporal acogiéndose a varios preceptos de la llamada Ley de Extranjería, siendo el de «arraigo social» el más factible para la mayoría de estas personas.

Existen otras opciones para regularizar la estancia en España, como, por ejemplo, solicitar una «autorización de residencia para inversores», que sin embargo se sitúa lejos del alcance de los manteros.

La legislación permite pedir la residencia a quien adquiera «bienes inmuebles con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros» o si se invierten «dos millones de euros en títulos de deuda pública española»: cantidades asumibles solo para unos pocos privilegiados.

La residencia por arraigo social se concede por contra si se logra acreditar «la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años», para lo cual la persona en cuestión debe estar inscrita en el padrón municipal: es decir, la ley obliga a vivir tres años en la irregularidad antes de poder acceder a los mecanismos para obtener los papeles.

Deben cumplirse además otros tres requisitos: carecer de antecedentes penales durante el último lustro, contar con un contrato de trabajo de mínimo un año de duración y «tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes» o, en su defecto, presentar un informe administrativo de arraigo emitido por la comunidad autónoma donde se encuentran.

Los trámites pueden fácilmente alargarse entre cuatro y cinco meses, explica el miembro de la comisión jurídica del Espacio del Inmigrante y del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes Luciano Banchio, que apunta que, en cambio, los informes de arraigo y antecedentes penales requeridos tienen una validez de solo tres meses.

Banchio explica que, aunque se acredite cumplir todas las condiciones y se haya logrado superar el farragoso proceso administrativo, el Gobierno puede denegar el permiso de residencia temporal si considera que el empleador que ofrece el contrato de trabajo «no demuestra suficiencia de medios económicos».

Que se lo pregunten a Mamadou, que intentó regularizar su situación y, lejos de lograr la residencia, la administración le respondió que abandonara el país en dos semanas.

Y Mamadou se quedó y eligió la manta, aun siendo consciente del riesgo de ser encerrado en un CIE y ser devuelto contra su voluntad a su país de origen.

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