Los servicios jurídicos de Vox han reclamado al juzgado número 13 de Barcelona, al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y la Fiscalia Superior de Catalunya, que envíen a la Guardia Civil y a la Policia Nacional a precintar el International Press and Broadcasting Center que Mediapro abrió para el referéndum ilegal. Esta formación considera que «es un instrumento al servicio del golpe de Estado y de los gravísimos delitos cometidos por los integrantes del Gobierno de la Generalitat». Como ejemplo de su acusación, Vox ha destacado que el IPBC es el lugar donde el gobierno catalán ofrece las ruedas de prensa y donde se ha mostrado una de las urnas que se iban a utilizar para el referéndum ilegal.
La relación de Mediapro con actos del soberanismo gobernante catalán que han sido declarados ilegales por la justicia no es nueva. En relación con el 9 N, una empresa del grupo de Jaume Roures, Imagina, diseñó la campaña publicitaria para dicha primera consulta ilegal de separatismo financiada con dinero público. El coste fue de 806.000 euros, y es una de las partidas que ahora debe devolver, con intereses que suman otros 70.000 euros, a las arcas públicas el expresidente Artur Mas por su ilegal gasto, junto con sus exsubordinados Francesc Homs, Jordi Vilajoana e Ignasi Genovés.
El adjudicatario fue la firma Media Planning, que a su vez subcontrató a la firma de Roures para diseñar tal estrategia publicitaria. El contrato matriz se realizó por vía de urgencia el 22 de octubre de 2014. El Tribunal Constitucional ordenó la suspensión de todos los preparativos de la consulta ilegal el 29 de septiembre y el 4 de noviembre.
La campaña publicitaria diseñada por esta firma del grupo Mediapro se prolongó con posterioridad de dichos vetos legales hasta el propio 9-N. Y ello a pesar de que la representante de Media Planning confesó ante la justicia que, si el cliente (el gobierno de Mas) se lo hubiera ordenado, «puede ser más fácil o más difícil pero, pero se paraliza».
De hecho, la publicidad online se podría haber paralizado sin dificultad, según explicó. Más complejo habría sido desmontar marquesinas o anuncios en autobuses. Pero nada se hizo porque el cliente, Presidencia de la Generalitat, nada ordenó en tal sentido a Media Planning, a tenor de su versión judicial. No se paralizó la campaña a pesar de que cadenas como la SER, COPE u ONDA CERO se negaron a insertar cuñas gratuitas del ilegal referéndum, lo que paradójicamente les valió una queja de Presidencia de la Generalitat ante el Consejo Audiovisual de Cataluña. La justicia, por contra, ve una «pasividad» en Presidencia de la Generalitat consistente en omitir toda actuación tendente a acatar la resolución de la que tenían pleno conocimiento.
La campaña publicitaria del 9N diseñada por el grupo de Mediapro incluía insertar anuncios oficiales en medios de comunicación, internet, pantallas de cine y marquesinas.
Las relaciones entre Media Planning y el grupo de Mediapro con los dirigentes de la Generalitat han sido tan fluidas como rentables en los últimos años. Si el entramado de Roures ha captado contratos por valor de más de 240 millones, Media Plannnig ha cosechado no menos de 12 millones de euros sólo entre 2015 y 2015 por contratos adjudicados por el departamento de Presidencia de la Generalitat.
Entretanto, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha pedido que se retiren las dos medallas al mérito de dicho cuerpo que posee el jefe de los mossos, el mayos Josep Lluís Trapero, ya que mientras la gran mayoría de los guardias civiles han dado la cara por defender al estado de derecho «el máximo responsable de la policía política ha decidido ignorar las leyes y actuar con deshonra».
Francisco Mercado