El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado este viernes su dieta milagrosa de «adelgazamiento» de la Administración Pública. Después de siete meses de trabajo, el Consejo de Ministros ha aprobado el informe sobre la reforma de las Administraciones, elaborado por la comisión para la reforma de la administración pública (CORA) -integrada por expertos- y supervisada bajo la atenta mirada de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, mano derecha del presidente del Gobierno. «Este es el punto de partida que los españoles demandan. Menos formularios, papeleos y ventanillas. En definitiva, menos costes y más ahorro». Así fue como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó el pasado miércoles el proyecto primario de esta nueva iniciativa: 217 medidas con las que el Estado pretende «adelgazar» la administración, 78 que afectan directamente a la Central, y el resto que deberán adoptarse «en colaboración» con las comunidades autónomas.
Una «colaboración» entre el Estado central y las comunidades autónomas que aún no está confirmada que se produzca, en principio debido a la disconformidad de estas últimas con el procedimiento que ha empleado Moncloa para la elaboración de este primer informe. Fuentes gubernamentales insisten en que ellos no han recibido queja alguna, pero lo cierto es que este miércoles, después de la presentación que hizo Mariano Rajoy ante los expertos responsables de la elaboración de la norma y los consejeros de Presidencia autonómicos -invitados a última hora- se oyeron algunas críticas. La consejera de Hacienda de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, dijo que la reforma de las administraciones públicas debe hacerse con la participación de las comunidades porque las autonomías «no son el problema, sino parte de la solución».
Hasta 120 normas del total que componen esta propuesta gubernamental tratan de eliminar duplicidades, lo que significa que afectarán a las CCAA. No obstante, ninguna de ellas han sido discutidas con estas administraciones. El Gobierno insiste en privado en que se hará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero ello ha generado ciertos recelos puesto que en esa cita también habrá que pelear por el reparto del déficit y decidir si finalmente será asimétrico o no. Es decir, sería posible que el Gobierno utilizara el reparto de déficit como moneda de cambio para cumplir con las «recomendaciones» propuestas. Moncloa aún cuida mucho hacer este tipo de advertencias incendiarias.
La versión oficial es que ninguna de estas «sugerencias» serán obligatorias, sino que lo único obligatorio será el cumplimiento del déficit marcado. De acuerdo con lo que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aquellas comunidades que no cumplan con la cifra establecida se les «recomendará» -si es que no lo han hecho antes- adoptar algunas de las medidas propuestas en esta reforma. Ahora bien, explican las fuentes consultadas, si las autonomías cumplen «en ningún momento» se les obligará a nada. Serán libres de tomar las medidas de ahorro que consideren oportuno. Eso sí, fuentes gubernamentales insisten en que existe «mucho mito» respecto a la administración pública, y que ésta no está tan sobredimensionada como se cree. «Ya hay muchas comunidades que aun teniendo derecho a tener ciertas instituciones, como el defensor del pueblo, ya han prescindido de ellas», aseveran las mismas fuentes como ejemplo.
Esta es una de las reformas estrella de esta legislatura. Y una de las medidas con las que el Ejecutivo pretende acudir al próximo Consejo Europeo y convencer a sus socios de que España camina por la senda marcada; y que por lo tanto es merecedora del margen de dos años concedido por la Comisión para el cumplimiento final de los objetivos de déficit. Aún no han trascendido cifras concretas de ahorro, ese será uno de los anuncios importantes de este viernes, pero sí algunas de las iniciativas previstas en estas más de 2.000 páginas.
1. Eliminación de duplicidades. ¿Las principales damnificadas? las comunidades autónomas. El Gobierno tiene previsto plantear a las comunidades acabar con organismos cuyo servicio pueda ser facilitado por el Estado central. En este sentido, Rajoy ha puesto varios ejemplos: las Agencias de Metereología de las CCAA, de Energía o de la Competencia. «El Estado puede prestar estos servicios y a menor coste. Se lo propondremos», ha explicado Rajoy, que ha incidido mucho en el diálogo con los entes implicados. Asimismo, también ha sacado a relucir otra de las cuestiones más polémicas: las embajadas autonómicas. Según el presidente, y tal y como adelantó el ministro de Exteriores el pasado viernes, el objetivo del Gobierno es que todas estas oficinas se integren dentro de la red de embajadas y consulados nacionales, que permita a las comunidades autónomas, y en definitiva a los ciudadanos, «ahorrarse costes».
2. El fin del ‘boom’ de la empresa pública. Habrá un cambio legal. ¿El objetivo? concretar la finalidad especial de cada una de ellas y procurar que funcionen bien de tal manera que no se eludan controles. «Se harán seguimientos rigurosos», advirtió el presidente este miércoles. Tal y como explica el Gobierno, a partir de ahora, todos los organismos que se quieran crear deberán de ponerse en conocimiento del Ejecutivo, donde se estudiará y se hará una recomendación de su viabilidad. Según explican fuentes gubernamentales, el Ejecutivo central no impedirá a ninguna CCAA crear organismos pero sí ha advertido de que se harán públicas dichas recomendaciones. Por el momento, y tal y como avanzó la vicepresidenta del Gobierno este jueves, en el marco de esta nueva normativa, se abordarán la reforma de 57 organismos públicos y se propondrán la supresión de «hasta 90 observatorios» autonómicos y estatales. Eso sí, no se habla de más despidos. Según el Ejecutivo, con los 375.000 empleos públicos de los que ya se prescindió desde el inicio de esta legislatura y la tasa de reposición cero «ya es suficiente».
3. Presupuesto con base cero. Tal y como ha adelantado el Gobierno, con esta nueva ley se realizará un Presupuesto con base cero y no en función de lo que se gastó el año anterior en todos los conceptos. Los capítulos que se tocarán serán
4. Centralización de contratos y cuentas bancarias. Según ha explicado Rajoy, el Estado tiene abiertas 4.823 cuentas bancarias y menos del 10% corresponden al Banco de España. Se creará una plataforma de compras centralizada y se controlará la deuda comercial del sector público para «que se pague a los proveedores, en buena parte pequeñas y medianas empresas». También habrá un registro único de empresas licitadoras.
5. Que la administración electrónica sea una realidad. Éste es otro de los deseos de Rajoy. «No es un ahorro menor», recalcó el presidente, para cuya explicación ha utilizado un ejemplo concreto. «Una notificación postal cuesta 2,5 euros, una electrónica 0,19 euros». Una línea esgrimida también por las fuentes gubernamentales consultadas. En líneas generales, los objetivos son mejorar los servicios horizontales de Administración Electrónica, generalizar la emisión de documentos sanitarios europeos sin desplazamiento a las oficinas y unificar y simplificar los sistemas de identificación y autentificación no avanzados en el ámito de la AEAT.
6. 15.000 inmuebles menos. Un órgano interministerial coordinado por la Dirección General de Patrimonio ha diseñado medidas de subsanación sobre la identificación de la totalidad de los inmuebles, la reducción del gasto en los arrendamientos, la optimización de la ocupación de espacios, el incremento de ingresos públicos y la construcción de equipamientos autofinanciables a corto plazo.