El concepto «empresa zombi» empezó a popularizarse durante la crisis de 2008, pero fue a raíz de la pandemia cuando comenzó a sonar de nuevo con fuerza dentro del ámbito económico.
Porque, en ese momento, la Comisión Europea exigió a los Estados miembros que tomaran medidas para que las ayudas puestas en marcha con los fondos europeos no fueran a parar a compañías que cumplieran los requisitos para poder ser calificadas como zombis.
¿Qué es una empresa zombi?
No se puede identificar una única fuente o el momento exacto en el que, durante 2008, comenzó ha hablarse de compañías zombis. Pero desde el primer momento hubo un consenso sobre los criterios o características que definen a este tipo de entidades.
Se trata de empresas que continúan operativas, pero que tienen una condición financiera que es crítica. Afrontan grandes dificultades para obtener beneficios, y esto les impide cubrir sus obligaciones financieras. Para poder seguir subsistiendo, necesitan recurrir de manera continuada a financiación externa, ya sea a través de créditos o de ayudas públicas.
Sin este respaldo externo, esas compañías no podrían subsistir en el mercado. Entendiéndose que su situación es ya totalmente irreversible y será muy difícil que vuelvan a ser rentables.
Precisamente por eso, la Comisión Europea se negó hace unos años a que se pudieran dar ayudas a estas empresas. Porque implicaba destinar recursos a entidades que, una vez finalizada la crisis y agotadas las ayudas, iban a acabar por desaparecer.
El número de empresas zombi crece en España
Según el estudio «Las empresas zombis en España» elaborado por INFORMA, en 2022 existían unas 47.000 empresas en el país que cumplían los requisitos para encajar dentro de la calificación de zombis. Desde entonces, solo un 6% han cesado en su actividad. Un 46% se mantienen en la misma situación, y casi un 48% no muestran síntomas de sobreendeudamiento en este momento.
A lo largo de los últimos meses, el número de empresas zombi en España se ha incrementado un 2%. Desde 2021, 8.498 compañías han pasado a tener esta consideración.
Por sectores, es el de la construcción y actividades inmobiliarias el que aglutina a un mayor de organizaciones zombis, con un 28% del total. Le siguen el comercio con un 20%, y después el sector de los servicios empresariales, que representa a un 14% de las empresas zombis.
Por regiones, la Comunidad de Madrid es la autonomía que acoge a un mayor número de empresas en esta situación. Un 19,4%, con un total de 9.323 empresas comprometidas.
Después se sitúan en el ranking Cataluña, con un 18,9% y Andalucía con un 10,5%. Junto con la Comunidad Valenciana, que aglutina a un 10% de las empresas zombi del país, todas ellas agrupan a un total del 59% de las entidades vulnerables.
Los expertos creen que la subida de los tipos de interés aplicada por el Banco Central Europeo (BCE) puede ser una de las razones que están llevando al incremento de las empresas zombis. Porque muchas de ellas están entrando en sobreendeudamiento al no poder hacer frente a la devolución de préstamos y créditos que habían solicitado cuando los tipos estaban a un nivel mucho más bajo.
Según las estadísticas del Banco de España, el tipo medio ponderado para préstamos de menos de 250.000 euros solicitados por negocios, ha subido más del doble en el último año. Si en febrero de 2022 estaba en un 1,73%, en febrero de este año alcanzaba un 4,05%.
En el caso de los intereses y las líneas de crédito, los intereses han pasado de un 1,51% en 2022 a un 3,31% a principios de 2023, y desde entonces han subido de manera casi continuada.
Las empresas zombi son un riesgo para la economía
Las entidades que sobreviven en el mercado de forma artificial, suponen un riesgo significativo para la economía.
En primer lugar, porque acaban teniendo acceso a ayudas públicas (como los ICO en el caso de España) que podrían utilizarse de una manera más productiva en empresas más saludables y con más posibilidades de generar beneficios.
Por otro lado, si el número de compañías en esta situación aumenta de forma importante, se convierten en un lastre para el crecimiento de la economía. Porque no contribuyen de forma significativa a la creación de empleo, y tampoco realizan inversiones que puedan ser relevantes.
Dado que las empresas zombi dependen totalmente de la refinanciación para mantenerse a flote, acaban convirtiéndose en un riesgo para las entidades que les prestan el dinero. Porque cada vez están expuestas a un mayor riesgo crediticio.
Y también suponen un riesgo para otras empresas o profesionales que les venden productos o les prestan servicios, porque su riesgo de caer en la morosidad es muy elevado.
En algunos casos, se ha apreciado que la presencia de estas empresas en el mercado acaba por afectar negativamente a la competencia. Al depender de financiación externa y de subsidios, tienen cierta capacidad para establecer unos precios artificialmente bajos para sus productos o servicios. Esto supone un obstáculo para la competitividad de otras empresas del sector que tienen unas cuentas saneadas e intentan mantener su viabilidad.
A un nivel más social, las empresas zombis pueden mantener sus niveles de empleo durante un tiempo, pero llega un punto en que acaban recurriendo a los despidos masivos. Esto no solo afecta a los empleados que pierden su trabajo, sino que sobrecarga las Arcas Públicas, que son las que tienen que hacerse cargo del pago de las prestaciones por desempleo.
En última instancia, si la presencia de empresas con esta condición en un sector económico llega a ser muy elevada, se produce un riesgo sistémico. Si estas quiebran de manera masiva, esto podría acabar teniendo consecuencias importantes en la cadena de suministro, en los mercados financieros, e incluso en otros sectores económicos.
Las empresas zombi suponen un riesgo para la economía, porque crean distorsiones y obstáculos que afectan a la eficiencia del mercado. La identificación temprana y una adecuada gestión de empresas que están en esta situación, es esencial para mitigar los riesgos asociados a las mismas. En el caso de España, la Ley Concursal es una de las medidas más efectivas para evitar que compañías inviables sigan en el mercado.