Hacer una transferencia bancaria es una operación común y corriente. Pero ciertos movimientos pueden hacer sonar las alertas en Hacienda y, si esta descubre que la operación no se ajusta a los requisitos legales, puede imponer multas de hasta 2.500 euros.
A estos efectos, la Agencia Tributaria no solo supervisa a quienes reciben el dinero, también a quienes lo transfieren. Todo ello con el objetivo de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Los envíos de dinero se han multiplicado en los últimos años, a medida que se han desarrollado la banca digital y plataformas como Bizum. Aunque su uso es totalmente legal, un abuso puede dar lugar a incurrir en una infracción fiscal.
Hacienda investiga las transferencias
Cuando una transferencia bancaria supera los 6.000 euros, las entidades tienen la obligación de comunicarlo a la Agencia Tributaria.
De hecho, incluso si las transferencias no superan esta cantidad, pero una entidad bancaria considera que los movimientos están siendo extraños, debe dar aviso obligatoriamente a Hacienda.
Esto no implica que no se puedan hacer transferencias por encima de 6.000 euros, ya que habrá casos en los que sean necesarias. Lo que ocurre es que hay que avisar de ello a la Agencia Tributaria.
La multa de Hacienda
Si las transferencias no se comunican en la forma debida, la Agencia Tributaria iniciará un procedimiento para verificar el origen del dinero, entre qué personas o entidades se ha producido el movimiento, y la razón del ser del mismo. Todo ello a efectos de verificar si se trata de una transacción legítima en la que la irregularidad reside únicamente en que no se ha notificado debidamente.
En estos casos, la multa puede oscilar entre el 2% y el 25% del importe de la transacción no declarada. Por tanto, si se ha hecho una transferencia de 10.000 euros y no se ha comunicado, se puede imponer una multa de 2.500 euros.
Diferente es que, tras la investigación, la Agencia Tributaria determine que la transacción no es legal. Por ejemplo, porque no se puede acreditar un origen legítimo del dinero transferido. Ante una situación de este tipo, las consecuencias serán mucho más graves para los implicados, porque puede tratarse no de una infracción tributaria sino de un delito fiscal.
Multas de Hacienda por infringir el límite de pago en efectivo
La Agencia Tributaria supervisa las transferencias electrónicas de dinero, pero también presta especial atención a los movimientos en efectivo.
En aras de acabar con el blanqueo de capitales, la normativa tributaria ha venido limitando las cantidades que autónomos y empresas pueden recibir como pago en efectivo por parte de otras entidades, profesionales, o particulares.
Los profesionales que reciben un pago en efectivo igual o superior a 1.000 euros, se enfrentan a una multa por parte de Hacienda que será del 25% de lo cobrado en metálico. Con sanciones de entre 250 y 2.500 euros.
Los particulares tampoco se libran de la sanción en este caso. Si abonan cantidades en efectivo que excedan de los 10.000 euros, se les impondrá una multa de hasta el 25% de lo pagado en metálico.
No obstante, en algunos casos se puede aplicar una reducción del 50% sobre el importe de la sanción. Además, quien informe de este incumplimiento legal en los tres meses siguientes al pago, quedará exento de responsabilidad y no tendrá que hacer frente al pago de una multa.
Con estas medidas, la normativa española se ajusta a las prescripciones europeas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a la vez que se lucha contra el fraude fiscal.