El envejecimiento de la población es uno de los principales desafíos que enfrentan los países desarrollados. A medida que aumenta la esperanza de vida, disminuye la tasa de fertilidad, y esto está provocando que la población mayor de 65 años crezca de forma notable en muchos países. Este es un fenómeno que tiene un impacto significativo sobre la economía.
Un estudio de Eurostat sobre estructura demográfica y envejecimiento de la población en Europa, elaborado en 2020, puso de relieve que la pirámide de población europea se está invirtiendo, existiendo ya un mayor número de personas dentro de los grupos de más de 65 años que en los menores de 16 años. Europa se encamina hacia una estructura de población mucho más envejecida.
El número de personas en edad de trabajar desciende a la vez que el número de personas jubiladas crece, y esto supone un serio riesgo para la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones. En 2019, un 20,3% de la población de la Unión Europea tenía 65 o más años, y las proyecciones indican que el porcentaje de personas con más de 80 años se multiplicará por 2,5 entre 2019 y 2100, pasando de un 5,8% a un 14,6%.
En el caso de España, el porcentaje de personas con más de 65 años con respecto al total de la población era de 22,9% en 2020. En 2022 el envejecimiento se disparó hasta un 133,5%, puesto que ya se podían contabilizar 133 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16.
Esta situación pone de relieve que, en las próximas décadas, las personas en edad laboral tendrán que realizar un esfuerzo de contribución mayor para hacer frente a un gasto social que será más elevado por el envejecimiento de la población. No solo habrá que pagar más pensiones, sino también servicios conexos asociados a la tercera edad, y esto implica una cantidad importante de retos económicos que la sociedad debe asumir.
Cambios en la demanda de bienes y servicios
Los consumidores más mayores no tienen las mismas necesidades ni gustos que los más jóvenes, y esto podría afectar a la composición de la demanda y a la estructura de los mercados. De este modo, se prevé que haya un menor gasto en bienes de consumo como la ropa y un incremento de la demanda de servicios de atención geriátrica especializada.
Con unas pensiones que serán más bien bajas porque habrá menos personas cotizando, los jubilados tendrán un menor poder adquisitivo, y esto conllevará una bajada en la demanda que tendrá un impacto negativo en la economía en su conjunto. Si el público demanda menos bienes y servicios, caen la producción y la inversión, y eso afecta al crecimiento económico de los países.
Ajustes en el mercado laboral
Con más personas por encima de los 65 años, hay menor volumen de fuerza laboral y una mayor tasa de dependencia. Lo que significa que menos trabajadores tendrán que hacer un mayor esfuerzo para poder sufragar las necesidades de atención y servicios de las personas mayores.
Una solución a este problema es la prolongación de la vida laboral más allá de la edad actual de jubilación, pero esto también plantea desafíos. Porque las personas más mayores pueden ser discriminadas en el acceso a su empleo debido a su edad, y es posible que se vayan quedando desactualizadas en cuanto a habilidades y formación, por lo que no estarán realmente bien capacitadas para ejercer determinados trabajos.
Con menos trabajadores jóvenes, las empresas tendrán todavía más problemas que en la actualidad para encontrar empleados talentosos, y sus tasas de absentismo serán más elevadas, ya que es normal que los trabajadores de mayor edad tengan problemas de salud que les obliguen a tomarse más días de descanso, o tengan que acudir al médico con mayor frecuencia. Esto disparará los costes laborales y podría llevar a las empresas a tomar la decisión de trasladarse a otros países cuya pirámide poblacional no esté invertida.
Más presión sobre la Seguridad Social
El Estado del bienestar se basa en la solidaridad intergeneracional, un sistema en el que la Seguridad Social se nutre de las contribuciones que hacen los trabajadores activos y los empleadores, a fin de dar cobertura a estos cuando la necesitan y, muy especialmente, a las personas que ya no están en edad de trabajar.
A medida que desciende la tasa de participación laboral, la presión sobre el sistema de Seguridad Social crece, porque los costes aumentan y los ingresos disminuyen.
Además del incremento en pago de pensiones, la Seguridad Social tendrá que hacer frente a un incremento de la demanda de servicios médicos, lo cual afectará todavía más a los recursos disponibles.
Impacto en las finanzas públicas
El envejecimiento poblacional ejerce una gran presión sobre el sistema público de salud y el presupuesto gubernamental, porque cada vez es necesario destinar más recursos al cuidado de los mayores.
Incluso aquellos que deciden contratar seguros privados pueden encontrarse con problemas, porque el precio de las pólizas de los seguros de salud aumenta de forma progresiva con la edad, puesto que se multiplica el riesgo de que el asegurado padezca enfermedades crónicas o algún tipo de discapacidad.
Este desafío lo están enfrentando los gobiernos del mundo de dos formas diferentes. Por un lado, se aboga por aumentar la edad de jubilación y reducir los beneficios de Seguridad Social de aquellas personas que tienen altos ingresos. Por otro lado, se defiende una subida de impuestos y cotizaciones con el fin de poder financiar la Seguridad Social y los programas de atención médica.
La tecnología se presenta como otra alternativa, y algunos Estados se están planteando aumentar su inversión en tecnología que ayude a que las personas mayores puedan vivir de forma independiente durante más tiempo, reduciendo así su necesidad de atención médica y cuidados a largo plazo.
El envejecimiento de la población trae consigo un cambio sin precedentes en la estructura poblacional y plantea un gran número de desafíos que van a ser difíciles de resolver, pero en los que hay que empezar a trabajar lo antes posible.