sábado, julio 27, 2024
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El Consejo de Ministros aprueba las cuentas del Banco de España de 2009

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 El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Balance y las cuentas del Banco de España correspondientes al ejercicio 2009, periodo en el registró un beneficio neto de 2.673,18 millones de euros -una vez deducida la dotación de 27 millones de euros al Fondo de Atenciones Benéfico-Sociales-. Por otra parte, el Gobierno también aprobó un proyecto de ley que eleva de 900 a 2.000 euros las cantidades que se pueden reclamar judicialmente sin necesidad de abogado y procurador para agilizar el cobro de deudas.

Según se indica en la referencia del Consejo de Ministros, del total de los beneficios, 1.706,6 millones fueron ingresados en el Tesoro Público el pasado 1 de diciembre de 2009.

El 1 de marzo de 2010 tuvo lugar el segundo ingreso en el Tesoro de 699,1 millones de euros.

El resto del importe, que asciende a 267,3 millones de euros, deberá ser ingresado por el Banco de España en el Tesoro Público con aplicación al Presupuesto de Ingresos del Estado, una vez aprobados el balance y las cuentas por el Gobierno.

Cobro judicial

El Gobierno también aprobó un proyecto de ley que eleva de 900 a 2.000 euros las cantidades que se pueden reclamar judicialmente sin necesidad de abogado y procurador, para agilizar el cobro de deudas ante los tribunales, especialmente entre empresas.

 Según la referencia del Consejo de Ministros, la modificación propuesta sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil, que facilita la aplicación en España de los procesos europeos monitorios y de escasa cuantía, será «de especial utilidad para las operaciones comerciales que afectan sobre todo a pequeños y medianos empresarios».

 El proceso europeo de escasa cuantía permite cualquier tipo de demanda cuando su valor, excluidos los intereses, gastos y costas, no rebase los 2.000 euros.

 Este tipo de procedimientos tienen aplicación únicamente en litigios transfronterizos, aunque el ministerio de Justicia pretende equiparar cualquier reclamación, al margen de que se trate de un litigio nacional y transfronterizo.

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