Ayuso amenaza con llevar al Supremo la Ley de Eficiencia Judicial si el Gobierno no calcula su impacto económico
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su Gobierno presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no evalúa de inmediato el impacto económico que tendrá la nueva Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia en las comunidades autónomas.
Durante la presentación de la maqueta de la futura Ciudad de la Justicia, Ayuso ha lanzado una dura advertencia al Gobierno central, al que acusa de “imponer una reforma judicial sin consenso” y con un claro propósito de “control político del sistema judicial”. La dirigente popular insiste en que esta ley se ha elaborado sin contar con el Consejo General del Poder Judicial ni con las comunidades autónomas, a pesar de que serán estas las encargadas de asumir el coste de su aplicación.
“Si el Gobierno no responde antes del 10 de mayo al requerimiento formal que presentamos el pasado 10 de abril, acudiremos al Supremo para defender nuestros derechos y el de todos los ciudadanos”, ha afirmado la presidenta regional.
Reforma judicial bajo sospecha: "donde dice eficiencia, quiere decir control"
Ayuso ha descrito la nueva normativa como un “Caballo de Troya ideológico” que pone en riesgo la independencia judicial, disfrazado bajo términos como “modernización” o “simplificación”.
La presidenta ha cuestionado la creación de nuevos mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos, una de las apuestas clave del texto normativo impulsado por el Ministerio de Justicia. Según ha defendido, este modelo se asemeja a lo que ha denominado como “justicia sin jueces”, algo que, a su juicio, reproduce esquemas de regímenes autoritarios.
“No es la primera vez que se intenta suplantar el Poder Judicial desde dentro, ni somos el único país donde ocurre. La obsesión por dominar la Justicia no es nueva, pero sí cada vez más peligrosa”, ha denunciado Ayuso.
“Los presidentes autonómicos no somos meros ejecutores”
En un discurso con fuerte carga institucional y política, la líder del PP en Madrid ha reivindicado el papel de los gobiernos autonómicos como garantes del Estado de Derecho y de la unidad nacional.
“No somos oficinas ejecutoras de los planes de Moncloa. Tenemos la obligación de defender el orden constitucional, la igualdad de todos los españoles y la separación de poderes”, ha señalado, al tiempo que advertía de que “lo que ocurre en cualquier punto de España nos concierne a todos”.
Ayuso ha subrayado que el modelo judicial afecta directamente a los derechos fundamentales de los ciudadanos y ha recordado que la tutela judicial efectiva está consagrada en la Constitución y en tratados internacionales como el CEDH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Una ley sin memoria económica ni dotación presupuestaria
Uno de los aspectos más criticados por el Gobierno madrileño es la ausencia de un informe de impacto económico. Según Ayuso, esta omisión evidencia el carácter unilateral e improvisado de la norma.
El requerimiento presentado por la Comunidad exige que el Gobierno central determine con claridad cuánto costará aplicar la ley y cuál será la financiación que recibirán las comunidades para poder desplegar los nuevos medios que exige la reforma.
“No se puede legislar a ciegas ni cargar sobre los hombros de las comunidades autónomas una ley ideológica sin recursos. De lo contrario, nos veríamos obligados a destinar fondos de servicios esenciales como la sanidad o la educación para cubrir los gastos de esta reforma”, ha explicado Ayuso.
