El silencio de Sánchez frente a los 5 grandes escándalos que estrechan el cerco contra él y su entorno
La Plaza de España volvió a llenarse este domingo 8 de junio de banderas de España y voces indignadas. Convocados por el Partido Popular, miles de ciudadanos protestaron contra Pedro Sánchez bajo el lema ‘Mafia o Democracia’.
El PP aseguró que la asistencia superó las 100.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno rebajó la cifra a entre 45.000 y 50.000, en un nuevo ejemplo del ya habitual baile de cifras que acompaña a las grandes movilizaciones políticas.
El lema elegido no dejaba lugar a equívocos: la manifestación fue una acusación directa contra la actuación del Ejecutivo en un contexto marcado por una sucesión de escándalos de corrupción que afectan al entorno más próximo del presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez, que en 2018 llegó a La Moncloa tras impulsar una moción de censura contra Mariano Rajoy (basada en la responsabilidad política por una sentencia que no le implicaba personalmente), guarda ahora silencio ante casos de especial gravedad, sin que se plantee ni tan siquiera un adelanto electoral, algo que le han pedido incluso dirigentes de su propio partido como Emiliano García-Page.
Entres esos casos destacan, entre otros, el de su esposa, Begoña Gómez; el de su hermano, David Sánchez; la trama en torno al exministro José Luis Ábalos; la investigación al fiscal general del Estado; o el más reciente, en el que aparecen nombres como Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset.
Caso Begoña Gómez, la esposa de Sánchez
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, está siendo investigada judicialmente por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida e intrusismo profesional.
La causa, abierta en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, gira en torno a su actividad como codirectora de una cátedra universitaria en la Complutense y a su relación con empresas que, tras colaborar con esa iniciativa académica, recibieron contratos públicos.
El juez Juan Carlos Peinado investiga si Gómez pudo favorecer a determinadas compañías en procesos de adjudicación y si utilizó su posición institucional para acceder a información sensible o impulsar proyectos financiados con fondos públicos.
La Fiscalía pidió archivar la causa, pero el juez ha prorrogado la instrucción para practicar nuevas diligencias, solicitar informes técnicos y tomar declaración a responsables institucionales.
La denuncia contra David Sánchez, hermano del presidente
A David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, se le imputan los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La acusación sostiene que la Diputación de Badajoz creó una plaza pública a medida para él, adaptándola posteriormente a sus preferencias personales y disfrazando el proceso como un procedimiento legal.
El hermano del presidente, que se vio obligado a renunciar a su puesto como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, está siendo investigado por Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.
Biedma concluyó la fase de instrucción del caso y el pasado 28 de abril dictó un auto de procesamiento. Posteriormente, el 22 de mayo, acordó la apertura de juicio oral contra él y otros 10 acusados, entre ellos Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE en Extremadura.
El ‘caso Koldo’: Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama
El exministro de Transportes José Luis Ábalos está siendo investigado por el Tribunal Supremo en el llamado 'caso Koldo', que analiza una presunta red de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. La trama lleva el nombre de su asesor Koldo García, presunto intermediario en los pagos a cambio de contratos públicos inflados.
Una figura clave es el empresario Víctor de Aldama, señalado como principal beneficiario de los contratos adjudicados. Se investiga si utilizó su red de contactos en ministerios para beneficiarse de forma directa, y si existió encubrimiento político. Además, Víctor de Aldama figura en otra investigación por fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional.
El 'caso Koldo' se encuentra en una fase avanzada de instrucción, tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional. El juez Leopoldo Puente, del Supremo, investiga a José Luis Ábalos tras apreciar indicios fundados de que pudo participar de forma directa en la trama de comisiones ilegales vinculadas a contratos de material sanitario durante la pandemia.
Se le investiga por delitos de cohecho, malversación y pertenencia a organización criminal. Paralelamente, el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, instruye la causa contra Koldo García y Víctor de Aldama, en la que constan escuchas, transferencias sospechosas y declaraciones que apuntan a una red estructurada para beneficiar a empresas afines mediante adjudicaciones públicas.
Grabaciones comprometedoras: Leire Díez, Pérez Dolset y la sombra de las cloacas
El caso que salpica a Leire Díez, exmilitante del PSOE, y al empresario Javier Pérez Dolset ha abierto una nueva grieta en la credibilidad institucional. En una serie de audios filtrados a medios de comunicación, se escucha a Díez ofrecer supuestamente favores judiciales a cambio de obtener información sensible sobre mandos de la Guardia Civil y fiscales vinculados a causas de corrupción.
Fue el empresario Alejandro Hamlyn, como adelantó ESTRELLA DIGITAL, quien denunció esos intentos de manipulación judicial en la Audiencia Nacional. En este caso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está en el punto de mira.
Aunque Díez y Dolset defienden que actuaban por su cuenta, presentando sus acciones como una "investigación independiente" sobre las cloacas del Estado, las conversaciones han generado un fuerte revuelo político.
La falta de explicaciones desde Moncloa y el hecho de que estas maniobras estén relacionadas con casos que afectan directamente al entorno de Pedro Sánchez han multiplicado las sospechas. Aunque la Fiscalía aún no ha abierto causa formal, el contenido de los audios, las relaciones personales implicadas y la dimensión política del caso han motivado ya peticiones de comparecencia en el Congreso.
El fiscal general del Estado, investigado por revelación de secretos
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, continúa siendo investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, en relación con la filtración de comunicaciones confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La causa se abrió tras una querella presentada por el propio González, quien denuncia la difusión de información de carácter reservado relacionada con una investigación fiscal.
El magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor del caso, ha prorrogado la fase de instrucción seis meses más desde finales de marzo, tras detectar posibles irregularidades en el acceso y uso de datos protegidos por parte del fiscal general.
Durante la investigación se ha señalado que García Ortiz habría eliminado archivos y registros de su teléfono móvil y de su correo institucional, lo que ha generado tensiones internas en la cúpula del Ministerio Fiscal.
Pese a que el fiscal general ha solicitado el archivo de la causa y niega cualquier actuación ilícita, la continuidad de la investigación ha derivado en una creciente presión institucional. Es la primera vez en democracia que un fiscal general del Estado se enfrenta a una causa penal en activo.