jueves, junio 20, 2024
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La Policía desmantela un grupo criminal que falsificaba documentos para migrantes

La investigación reveló que la actividad delictiva generó ganancias superiores a los 250.000 euros

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La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal de tráfico de personas que operaba entre Marruecos y España, facilitando la llegada y regularización ilegal de migrantes a través de documentos falsificados. Se ha informado que al menos cuatro individuos han sido arrestados en relación con la operación, con tres de ellos ya recluidos en prisión.

Los miembros de la organización tenían funciones bien definidas. Mientras un grupo en Marruecos se encargaba de organizar y coordinar las embarcaciones hacia España, otro en Las Palmas de Gran Canaria gestionaba el alojamiento, transporte y la falsificación de documentos para regularizar a los migrantes en el país.

Las autoridades han revelado que la organización cobraba entre 250 y 400 euros a cada migrante por servicios que incluían alojamiento, manutención y transporte hacia la península. Sin embargo, en situaciones donde era necesario el transporte aéreo y trámites adicionales de documentación, el coste para el migrante podía llegar a los 4.000 euros.

Un aspecto alarmante es que los migrantes eran alojados en propiedades en condiciones de insalubridad y falta de higiene en Gran Canaria. Estas condiciones eran parte del mecanismo de la organización para controlar y explotar a las personas que buscaban una vida mejor en Europa.

Las informaciones obtenidas apuntan a que el grupo criminal había establecido conexiones con otras organizaciones delictivas dedicadas al tráfico humano en Marruecos. Estas redes compartían datos sobre embarcaciones y migrantes que habían pagado por adelantado, garantizando así una operación coordinada.

La operación policial que condujo a las detenciones se realizó en Arucas y Las Palmas de Gran Canaria, y resultó en la confiscación de varios dispositivos de almacenamiento de información. Los detenidos se enfrentan a cargos de delitos que incluyen favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La investigación reveló que la actividad delictiva generó ganancias superiores a los 250.000 euros. Este descubrimiento subraya la necesidad de medidas más estrictas y coordinadas para combatir las redes de tráfico humano y proteger a las personas vulnerables que buscan refugio en Europa.

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