Según los datos del Ministerio del Interior, desde 2020 ha habido una tendencia a la baja tanto en las investigaciones con arrestados como en las infracciones penales por delitos relacionados con la ocupación de viviendas. De los 36.842 detenidos e investigados desde entonces, la mitad son ciudadanos extranjeros.
Okupas, la Audiencia Provincial de Madrid unifica criterios para el rápido desalojo
Durante el período de enero a septiembre de 2023, un total de 7.057 personas fueron detenidas o investigadas por delitos de ocupación de viviendas, de las cuales 3.544 eran extranjeras. Esta cifra representa una disminución en comparación con el año anterior, cuando se registraron 9.721 detenciones o investigaciones en el mismo período.
Por otro lado, las infracciones penales por usurpación o allanamiento de inmuebles también han experimentado un descenso. En 2022 se reportaron 16.765 infracciones, mientras que entre enero y septiembre de 2023, la cifra disminuyó a 11.539.
El Gobierno ha destacado la importancia de actuar de manera urgente en casos de allanamiento de morada, desalojando las viviendas de inmediato con el permiso del morador y una denuncia previa. Sin embargo, en casos de usurpación, la intervención policial está sujeta a una orden judicial de desalojo y a la intención del propietario de recuperar su propiedad.
Cataluña lidera en número de casos de ocupación de viviendas, seguida por Andalucía, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid. A pesar de las medidas implementadas desde 2020 para combatir esta problemática, Cataluña sigue representando el 40% del total de ‘okupaciones‘ en España.
Desde la instrucción antiokupa de 2020, las autoridades han buscado agilizar las medidas cautelares y facilitar el desalojo en casos de delitos de allanamiento de morada. Aunque se ha observado una disminución en el número de infracciones penales, las autoridades continúan trabajando para abordar este problema.