Más de 1,4 millones de personas recibieron prestaciones de emergencia social para atender necesidades básicas como alimentación, alquiler o pago de suministros por parte de los servicios sociales de los ayuntamientos.
Son los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales referidos a 2020 y recogidos en un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que destaca que superan los 3,3 millones las personas que sufren en España carencias materiales graves, el 7 % de la población, según el INE.
Las entidades locales destinaron 335,7 millones de euros a personas que carecen de recursos básicos, 235 euros de media por persona. En concreto 1.428.216 personas recibieron prestaciones de emergencia social en 2020, un 43 % de las personas con graves dificultades materiales.
Hay grandes diferencias por territorios en esta cobertura que van desde los más de mil euros de media en Castilla-La Mancha (1.210) o Galicia (1.132), y los 91 euros en Andalucía o 177 en Canarias.
El informe muestra además otras diferencias, por ejemplo en La Rioja el número de perceptores (10.808) es superior al de personas con dificultades materiales graves (7.355); o los extremos respecto a la cobertura por población, en la que Cataluña tiene una cobertura del 91 % y Galicia solo alcanzan al 2 % de su población con dificultades materiales graves y de cerca Navarra con el 3 %.
Los Gerentes en Servicios Sociales explican que aunque son muchas las entidades locales que han incrementado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años, los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas.
«Hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas ante la intervención son dificultosas y humillantes», denuncia el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, quien lamenta que «la estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla».
Ramírez señala que a pesar de que el Ministerio de Derechos Sociales incrementó en 2021 el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales hasta cien millones de euros y las entidades locales podrían haber incrementado sus ayudas de emergencia social, «la burocracia y el retraso en la transferencia de estos créditos hace que su uso haya sido limitado».
«Pensando en la angustiosa situación de las familias y personas gravemente afectadas por la actual crisis, consideramos que corresponde al Gobierno adoptar medidas efectivas para que puedan recibir las ayudas necesarias con la inmediatez que su situación requiere», indica Ramírez, como enviar una instrucción a los interventores municipales para que agilicen esas ayudas. Respecto al Ingreso Mínimo Vital, lamentan que solo llegue a 428.000 hogares, la mitad de los 850.000 que el Gobierno consideraba como potenciales perceptores.
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