El acuerdo, según ha explicado en rueda de prensa en el Senado la ministra de Justicia, Pilar Llop, será remitido ahora a Igualdad para que lo apruebe también su consejo sectorial.
El acuerdo se basa en el artículo 23 de la ley integral contra la violencia de género, que permite que, además de por una resolución judicial, la situación de violencia de género sea acreditada por otros servicios existentes en las distintas administraciones.
En la Conferencia, que ha presidido Llop y en la que han participado responsables de Justicia de las doce comunidades con competencias transferidas, se han acordado también los criterios de distribución de los fondos europeos.
El área de Justicia, ha recordado la ministra, recibirá 410 millones de esos fondos, que se repartirán en tres anualidades y que irán a parar en su mayor parte a las comunidades autónomas.
Fuentes de la consejería de Justicia madrileña han apuntado a Efe su abstención en este acuerdo sobre los criterios para el reparto.
Cuestiones como la despoblación o el número de partidos judiciales, han apuntado, penalizan a una región densamente poblada como Madrid y con un partido judicial, el de la capital, en el que viven más de tres millones de personas, con la consiguiente repercusión en la administración de justicia.
Según ha apuntado en declaraciones a los medios la consejera valenciana, Gabriela Bravo, varias comunidades han pedido además al Ministerio más flexibilidad para repartir los fondos que les correspondan en 2022 y para elegir las áreas que se beneficiarán.
Al margen de estos dos acuerdos, en la reunión se han analizado los tres proyectos legislativos -de eficiencia procesal, organizativa y digital- en los que trabaja el Ministerio y con los que aspira a hacer más accesible la Justicia y a agilizar ese servicio público.
En este contexto, Llop ha subrayado la necesidad de avanzar en la interoperabilidad de los sistemas tecnológicos vigentes en los distintos territorios.
Según apunta el Ministerio en un comunicado, en la reunión, precedida por un saludo del presidente del Senado Ander Gil, y de la vicepresidenta de la Comisión Europea Věra Jourová (por videoconfencia), también se ha planteado la necesidad de crear un esquema común de seguridad laboral de la administración de Justicia.
La consejera valenciana, por su parte, ha reclamado un plan de choque para evitar el colapso de la jurisdicción civil y de la social, donde, ha advertido, se están señalando vistas para 2024. EFE
A.M.