Según explica el Ejecutivo, la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo, lo ha anunciado en una reunión que ha mantenido este miércoles con las comunidades autónomas para coordinar medidas legislativas para la igualdad.
En el encuentro, se ha hablado de la necesidad de legislar con la participación de las organizaciones LGTBI, aprovechando su conocimiento de la realidad y su experiencia técnica; de la importancia de grandes consensos parlamentarios para afianzar las leyes y de cómo las políticas LGTBI han de ser transversales en todos los órganos de gobierno.
También se ha abordado la urgencia de reformar la Ley 3/2007, conocida como Ley de Identidad de Género, para mejorar los derechos de las personas trans e implementar medidas para proteger a uno de los colectivos más vulnerables y discriminados, explica el Ejecutivo.
Gobierno y comunidades autónomas han analizado sobre la conveniencia de que las sanciones administrativas sean más pedagógicas que punitivas y que las leyes deben incidir en la formación de profesionales y en la pedagogía social que ayude a acabar con la discriminación y los prejuicios vigentes.
Por su parte, algunas comunidades autónomas han compartido las buenas prácticas que se están desarrollando en sus territorios, como los servicios de atención integral a las personas LGTBI o el reconocimiento y reparación de las víctimas de la persecución durante el franquismo y la Transición.
La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad ha anunciado que se encuentra en proceso de elaboración de una guía que recogerá todos los recursos existentes para atender a la población LGTBI en los diferentes territorios.
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