sábado, mayo 18, 2024
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Buscando mascarillas que ayuden a una buena gestión sanitaria

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Agustín Vinagre Alcázar
Agustín Vinagre Alcázar
Agustín Vinagre Alcázar Diputado Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda

El día 26 de diciembre tuve la mala suerte de tener que acudir a las urgencias hospitalarias del Hospital de La Paz con mi padre por una dolencia intestinal. Unas urgencias colapsadas y saturadas debido a una pésima planificación y gestión, y donde sólo la excelente profesionalidad y el sacrificio diario del personal evita males mayores (nota al margen: alguien, entre el ingente personal de libre designación que hay en la Consejería de Sanidad, debería detenerse a analizar la gestión gerencial que se realiza, porque lo que sucede en ese hospital da para escribir una enciclopedia completa). Volviendo a los hechos, ese día ya se podía observar el elevado número de pacientes que acudían con síntomas inequívocos de enfermedades respiratorias y cómo las diferentes salas apenas podían contener a los enfermos. Tras dos días en urgencias, mi padre fue trasladado a una habitación en planta y un día después le diagnosticaron COVID. No ha sido el único caso de enfermos que se encontraban en el hospital por otro tipo de dolencias y han sido contagiados por el virus. Quizás con el uso generalizado de mascarillas se hubieran podido evitar esos contagios. 

Pongo como ejemplo esta historia personal a cuento de la nueva polémica suscitada (una vez más) por la derecha tras la entrada en vigor de la orden impulsada por el Ministerio de Sanidad sobre el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios, ante el avance de las enfermedades respiratorias y que están colapsando los centros hospitalarios de nuestro país. La orden establece que la utilización de mascarilla es un procedimiento fundamental para el control de la transmisión de enfermedades infecciosas por vía respiratoria. Con la imposición de la mascarilla en centros sanitarios se recupera una medida que decayó hace seis meses, el 5 de julio de 2023, cuando se publicó en el BOE el acuerdo del Consejo de Ministros por el que su uso dejaba de ser obligatorio en centros y servicios sanitarios y sociosanitarios y farmacias.

Con todo lo vivido desde el 2020 uno creía que había quedado meridianamente claro que el uso de mascarillas era algo que servía para proteger y protegerse. Y cualquier encuesta informal en la calle así lo demuestra, a pesar de las evidentes molestias que el elemento de protección individual en cuestión causa. Sin embargo, tres años después parece que no hemos aprendido nada, cayendo en un inexplicable déjà vu. No recuerdo ya cuantas veces el Partido Popular y Vox han aprovechado cualquier circunstancia para instrumentalizarla y usarla como excusa para confrontar con el Gobierno de España, utilizando las instituciones sin ningún pudor y sin el más mínimo sentido de la responsabilidad. En esto de crear polémicas artificiales la Comunidad de Madrid ha demostrado que brilla con luz propia, a la altura de aquella Generalitat de Cataluña dirigida por Puigdemont. Pese a todo ello reconozco que jamás imaginé que volveríamos a vivir una controversia sobre el uso de las mascarillas. Iluso que es uno.

Algunas Comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza, se han manifestado en contra de la obligatoriedad de la medida y han incluso anunciado que van a presentar un recurso contencioso para pedir la suspensión de la medida. Resulta inexplicable que Comunidades como Valencia, Murcia o Aragón, que una semana antes ya habían aprobado y anunciado la obligatoriedad critiquen la ahora la medida. Todo un ejemplo de incoherencia. Curiosamente todas gobernadas por el PP. Los argumentos que utilizan son variados: desde supuestos errores jurídicos a que se haya tomado la decisión sin que hubiera consenso en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ni un solo argumento técnico o científico. 

El uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios está avalado por importantes epidemiólogos y sociedades médicas, como la de Medicina de Familia, la de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Defienden su uso ante el incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, algo que «es un problema de salud pública» que requiere «una respuesta de Estado contundente». Incluso plantean extender la obligatoriedad al transporte público y espacios sin la adecuada ventilación. 

No se puede entender que, ante una situación evidente de riesgo para la salud de los españoles, desde todas, y subrayo todas, las administraciones no se priorice la toma de medidas contundentes que permitan frenar los contagios y mitigar el impacto asistencial antes que sea demasiado tarde y se colapse el sistema sanitario. La Comunidad de Madrid encabeza nuevamente el enfrentamiento con el Gobierno de España, anteponiendo la llamada guerra cultural, la confrontación desde postulados ideológicos extremistas, a las necesidades de la población o lo que es peor, contra el bienestar de la propia población de la que es responsable de gobernar. Con una sanidad pública madrileña sobrecargada, evidenciando plantillas insuficientes y falta de recursos, Isabel Díaz Ayuso, una vez más, ha decidido ser oposición al Gobierno de España, tratando de ocupar el espacio de Feijóo y marcándole el paso, olvidándose de gobernar. Y mientras los madrileños, como decía el otro día Angels Barceló, “que se busquen la vida”. 

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