Nicolás Maduro ha hecho un llamado general, a enfocarse en cuatro puntos, para avanzar hacia una especie de consenso nacional. Y ha usado la palabra “enfocarse”, como antesala de la mentira que constituye su punto de partida: afirmar que en Venezuela esos cuatro consensos ya existen. Según él, están allí, acordados por la mayoría de la sociedad, solo hay que trabajar en ellos. En este artículo me referiré a cada uno de los supuestos cuatro consensos.
El primero es, en realidad, el que justifica al conjunto y a todos los demás: Maduro afirma que los venezolanos estamos de acuerdo en que se eliminen todas las sanciones. Léase bien: todas las sanciones. La pretensión es descarada, ilegal, abusiva y unilateral: al decir todas, el objetivo es que en ella se incluyan a los violadores de los derechos humanos; a los narcotraficantes; a los que han organizado operaciones de lavado de dinero; a los que han torturado, asesinado o dejado morir; a los que han asesinado a líderes de comunidades indígenas; a los que dirigen bandas que trafican con mujeres y menores de edad.
Al utilizar un pronombre indefinido como “todos” se liberaría de responsabilidad a los funcionarios policiales y militares que colaboran con los carteles de la droga; a los uniformados que han asesinado a personas que ejercían el derecho a protestar, consagrado en la Constitución. Quedarían exonerados los violadores de los presos políticos, los que les aplican descargas eléctricas en los genitales, los que les golpean con bates y tubos, los que asesinaron a Fernando Albán y al capitán Acosta Arévalo, los que mantienen detenidos a más de dos centenares de militares y civiles por delitos inexistentes. Las sanciones que pretende Maduro dejarían sin castigo a decenas y decenas de jueces que han dictado sentencias criminales, imponiendo una vida de desgracias a los detenidos y a sus familiares. También a los que extorsionan a los familiares de los presos políticos (infames que tarde o temprano tendrán que ser castigados). En resumidas cuentas, el primer consenso consistiría en asegurar la impunidad a varios miles de delincuentes, nada menos que a Maduro mismo y al alto mando del régimen.
Construir una economía diversificada, que no dependa del petróleo: tal el enunciado del segundo consenso. Veamos: ¿Cómo construir una economía diversificada, en un territorio en recurrente estado de escasez de combustibles, donde hay miles de productores del sector primario, que no cuentan con los insumos básicos para producir –debido, entre otras cosas, a la expropiación e inmediata destrucción de Agroisleña en 2010–? ¿Cómo construir empresas solventes y viables en un ambiente de constantes fallas del suministro eléctrico, de agua, de los servicios de internet y otros servicios públicos? ¿Cómo poner en marcha una economía diversificada, en un mercado que ha perdido a casi 8 millones de personas, entre las que hay trabajadores y profesionales experimentados, jóvenes con potencial extraordinario, familias enteras que son parte del factor esencial de cualquier economía, el consumo? ¿Cómo construir una economía alternativa si, por ejemplo, está en curso un sistema impositivo cada vez más voraz y desproporcionado? ¿Qué milagro tendría que producirse para que, en un estado de cosas donde los organismos regulatorios mantienen prácticas de asedio sobre las empresas; donde se han instaurado verdaderas estructuras de extorsión y robo a los productores –en forma de trámites, permisos, aprobaciones, supervisiones, alcabalas, vacunas a domicilio, por parte de bandas civiles y también de bandas uniformadas–, puedan surgir empresas con posibilidad de prosperar en una precaria economía, extenuada y con un mercado cada vez más reducido?
El tercer consenso habla de recuperar el Estado de Bienestar Social. Se trata, obviamente, de una afirmación que destila puro cinismo. Lo que Maduro llama la “reconstrucción” es una falsedad en cada uno de sus extremos: no ha existido nunca, desde 1999 hasta ahora. Estado de Bienestar es lo contrario al establecimiento de un sistema clientelar, extorsivo y de dependencias entre el Estado y las personas. Es lo contrario al CLAP y su premisa principal: asegurarse la lealtad política a cambio de una bolsa de comida. Es lo contrario a la politización y destrucción del sistema de salud. Es lo contrario a la liquidación, de facto, del sistema educativo (han llevado los indicadores de calidad a niveles de insólita precariedad). Es lo contrario a las campañas y ataques a las universidades públicas. Es lo contrario a la liquidación de los derechos laborales (y la detención y enjuiciamiento de los dirigentes que protesten en defensa de sus derechos). Devolver las conquistas y el funcionamiento adecuado de las instituciones, antes que el resultado de un consenso, es una obligación con la que el gobierno de Maduro no cumple, por las múltiples formas de corrupción con que el régimen gestiona la administración del Estado: robándose sus recursos, despidiendo a los expertos de sus cargos, designando a incompetentes, encargando a ignorantes para que asuman tareas que demandan capacidades técnicas, entregando contratos y recursos a cambio de los cuales el Estado no recibe ninguna contraprestación.
Finalmente, dice Maduro que quiere paz, convivencia, diálogo, tolerancia. Dice que rechaza la polarización. Quiere, en definitiva, lo que él y Chávez han destruido sistemáticamente. Pero, ¿es eso lo que realmente desea? ¿O su paz es la de un régimen con presos políticos, bajo el sometimiento de una hegemonía comunicacional, de ciudadanos sin derechos, de un país que se desangra como consecuencia de un proceso de emigración que no cesa? ¿Habla de tolerancia el que cada día ordena ataques a las actividades de la oposición en las calles? ¿El que sabotea las elecciones primarias? ¿El que designa a un títere inescrupuloso como presidente del CNE?