Los 8 de Airbus son sindicalistas a los que la fiscalía solicita una pena de 8 años y 3 meses de prisión a cada uno de ellos. Su delito; haber ejercido el derecho de huelga.
Los hechos de los que se les acusa tuvieron lugar en el exterior de la fábrica de Airbus en Getafe, cerca de Madrid, en septiembre de 2010, durante una huelga general para protestar contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno. La concentración que los trabajadores estaban realizando fue disuelta por la policía antidisturbios y varias personas resultaron heridas.
Ni la actuación de los antidisturbios en la fábrica ni los cargos que se les imputan tienen precedente en la democracia española. La fiscalía se apoya en una legislación que no se aplicaba desde 1972. La pena no solo es absolutamente desproporcionada y se basa en acusaciones falsas; es, sobre todo, y de eso se trata, de una agresión al derecho de huelga.
La concentración que los trabajadores estaban realizando fue disuelta por la policía antidisturbios y varias personas resultaron heridas
Desde 2010, se viene sufriendo un ataque a los derechos colectivos de trabajo. El empleo, en primer lugar, pero también el resto de los derechos laborales. Las políticas de la letal austeridad que se han venido aplicando no solo han arrasado con bienes y derechos económicos sino también derechos cívicos. Ciudadanía y organizaciones sociales y sindicales han respondido a esas agresiones.
La respuesta a estas movilizaciones se ha traducido en la criminalización selectiva de los participantes y la instauración de un marco legal notablemente represivo, la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código Penal entre otras, para disuadir a la ciudadanía de la tentación de la protesta.
El aguerrido Ministerio Fiscal, tan débil con los poderosos y leve con los delitos contra la hacienda pública de infantas y demás personal como implacable con los más débiles, ha instruido causas criminales contra una larga serie de sindicalistas.
Suman ya 300 personas procesadas, en lo que constituye un atentado a las libertades democráticas sin precedentes en el periodo democrático español. De esto precisamente hablábamos cuando hablábamos de la ley mordaza: del desmedido e injustificable uso de la represión de derechos cívicos y laborales.
Esos 300 procesados y los ocho de los que hablo son obreros y obreras, de esos que los fascistones de antaño, hoy reciclados en politólogos de lo nuevo, no veían en sus tiempos de Diputado del Congreso. Los ocho sindicalistas de Airbus, apaleados en sus cuerpos y en sus derechos, esperan que el próximo 9 de Febrero se haga justicia.
No deja de ser espeluznante que el ejercicio de la huelga y sus derechos se pueda traducir en ocho años de prisión y el uso por Blesa o Rato de las Black valga cuatro años y medio. Más espeluznante aún resulta que la apropiación ilícita de la Infanta, según la aguerrida y valiente fiscalía, valga cero patatero.
Es, precisamente, la igualdad ante la justicia el rasgo más característico de una sociedad y un estado democrático. Los conculcados derechos de los Ocho nos alejan de la democracia para encauzar nuestros comportamientos en la amenazante represión que antaño vivimos.
El derecho de huelga, como todos los derechos, debe ser defendido como patrimonio de un país democrático, respetuoso con la ciudadanía y, desde luego, con los trabajadores y trabajadoras.
Nada se rompió en Airbus en Septiembre de 2010; nadie, hasta que los antidisturbios asaltaron la concentración de trabajadores y trabajadoras, había sido dañado. Nada tan falso como la acusación de la que han sido objeto ni tan absurdo como la pena que se solicita.
El derecho de los ocho es un patrimonio que la mayoría no podemos permitir que se conculque; porque es sabido que los silencios de hoy son penas de mañana y porque, también es conocido, que los desmanes de la fiscalía no son ley sino voluntad política de designados por el Gobierno.
Libertad Martínez