Convocados por los sindicatos, miles de ciudadanos salieron a la calle el domingo pidiendo al Gobierno que pare la reforma laboral aprobada hace diez días. El mismo día y a la misma hora, en Sevilla, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justificaba el ajuste de la normativa laboral como el paso imprescindible para dinamizar el mercado de trabajo. El PP obtuvo el respaldo mayoritario de los votantes en las elecciones celebradas el pasado 20 de Noviembre y, por lo tanto, el Gobierno que surgió de las urnas está legitimado para impulsar esta o cualquier otra reforma de nuestras leyes. Eso nadie lo discute; pero, con cinco millones de parados y la economía en fase de recesión, no nos conviene entrar en una etapa de inestabilidad generada por movilizaciones instadas por los sindicatos. La democracia es un régimen de opinión publica y el Gobierno debe tener suficiente cintura u olfato como para atender algunas de las propuestas que plantean Cándido Méndez y Fernández Toxo. Por otra parte, los dirigentes sindicales deben ponderar mucho el alcance de las movilizaciones para no dañar el clima de confianza necesario para iniciar la recuperación económica. Desde luego, España no está ahora como para convocar la huelga general que reclamaban algunos manifestantes.
La paz social es un bien para la democracia. Mantenerla, también es tarea de los gobernantes. Se oyen voces destempladas que emplazan al Gobierno a desentenderse de lo que digan los sindicatos y la calle porque entienden que la única voz que cuenta es la que se expresa el día de las elecciones. Siendo cierto que es de las urnas de donde procede la legitimidad para ejercer el poder, no lo es menos que en democracia toda voz expresada sin violencia debería ser atendida. Tengo para mí que Mariano Rajoy, que nunca fue político de talante autoritario, encontrará el registro para dar cauce a alguna de las reformas de la reforma laboral que plantean los sindicatos. La paz social, bien merece un esfuerzo por parte de todos.
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Fermín Bocos