En las televisiones autonómicas están preocupados. La catalana TV3 teme una reducción de su presupuesto con el nuevo gobierno de CiU. Telemadrid escucha a la presidenta Esperanza Aguirre repetir sus ganas de privatizarla. En la vasca ETB la secuela de tantos años de dirección del PNV aún divide. En el resto siguen los ajustes por la falta de dinero de las autonomías. Y la audiencia huye: si a final del primer año del apagón analógico llegaron a mínimos históricos, en enero han vuelto a perder espectadores y sólo TV3, TVG y Canal Sur superan el diez por ciento de la audiencia.
Sólo las elecciones de mayo frenan más ajustes por su uso político mientras las privadas piden el fin de la publicidad, a imitación de RTVE. Cada vez más dudan de su sentido y, sobre todo, de una televisión tan parecida a las cadenas comerciales.
Con la avalancha de canales de la TDT y cuando la televisión se conecta con internet para aumentar el vídeo a demanda y la convergencia de contenidos, la programación comercial tiene cada vez menos sentido en las públicas. Algunos piensan que sólo las cadenas de las autonomías con lengua propia tienen objeto. Pero la pregunta es si las autonómicas cumplen su finalidad de servicio público o son un mero instrumento político con un coste de más de 800 millones de euros en subvenciones cada año y pérdidas que engordan una deuda de 1.500 millones.
La presión para adelgazar la radiotelevisión pública recorre la geografía de la crisis. La BBC, la más cara de las televisiones públicas y modelo de tantas, se redefine para concentrarse en información, programas culturales de calidad, ficción británica, programación para niños y los espacios de servicio público no ofrecidos por las cadenas comerciales.
Ahora que gobierno, partidos y agentes sociales repiensan el estado del bienestar, el telestado no debería ser una excepción. La Unión Europea reclama hace años una definición clara del servicio público que se volvió a escamotear en la Ley Audiovisual aprobada el año pasado.
La televisión púbica tiene valor si se concentra en servir a la ciudadanía y no a sus patronos políticos, estimula la producción propia y la industria audiovisual, genera estándares de calidad –de contenidos y tecnológicos, ahora que la televisión se hace híbrida con internet en los televisores conectados y las nuevas pantallas-, se olvida de la audiencia comercial y recorta los sueldos de las estrellas y de sus nombramientos políticos.
La televisión pública aún puede tener un sentido para algunos, pero no a cualquier precio y con la falta de transparencia y responsabilidad de algunas autonomías donde la televisión pública parece más bien un instrumento para financiar a empresas amigas y servir a los políticos con prebendas que pagan los ciudadanos, en dinero y pluralismo.
Juan Varela