Todo empezó con una llamada el mes de diciembre de 2003. Alrededor de las tres de la tarde, en un restaurante de Castellón, Carlos Fabra descolgó el móvil. Al otro lado de la línea, un periodista de la Cadena Ser se identificaba e iba al grano. En la grabación de la conversación, aún inédita, entre la indiferencia y nerviosismo del político, con el ruido de fondo de los comensales, el periodista arrancó su batería de preguntas. El motivo, un empresario de Castellón acusaba a Fabra de cobrarle comisiones millonarias a cambio de su mediación ante los ministerios de Agricultura y Sanidad de Aznar para la aprobación de las licencias de productos fitosanitarios que fabricaba. Tras esa llamada, la vida del Presidente del PP y la Diputación en Castellón no volvió a ser la misma. Al medio de comunicación habían llegado decenas de carpetas de documentación, facturas, informes, testimonios, fechas que encajaban con el relato, ingresos entre el político y el empresario que obligaban a dar nombre al caso Fabra, por entonces un político conocido en el país valenciano, pero sin proyección en los asuntos de nacional. El juzgado 1 de Nules abría así, tras la querella del empresario Vicente Vilar, una investigación con más sombras que buenos resultados.
En el cómputo de la instrucción han pasado ya ocho años, nueve jueces, cuatro fiscales y el destape del fabrismo, con el imputado como protagonista de uno de los casos de corrupción más polémicos de la justicia española. La investigación ha concluido con el último auto de la Audiencia Provincial de Castellón y el archivo de cuatro de los cinco presuntos delitos fiscales cometidos por el matrimonio Fabra de 2000 a 2003. Y si bien la prescripción de un delito sólo revela un mal funcionamiento de la justicia, la alegría de Esteban González Pons, Javier Arenas, Esperanza Aguirre y demás populares – no porque no haya irregularidad, sino porque caduca – podría durar poco. Tanto la fiscalía anticorrupción como la acusación particular recurrirán al Supremo. El Alto Tribunal, que a veces sorprende con reaperturas judiciales como el asesinato de José Couso una vez se daba por perdido, será quien tenga la última palabra.
En rueda de prensa, eufórico y arropado por el partido, Fabra ha dicho estar satisfecho y alegre. Un optimismo que, para quien conozca el caso, resulta más un artificio que la previsible cadena lógica del proceso. Porque Fabra celebra como “absolución” una decisión judicial que no evita su paso por el banquillo. La investigación ya está cerrada, sólo queda fijar la fecha y la forma del juicio – con o sin jurado popular – sobre los delitos que siguen vivos, uno fiscal de 1999 y los fundamentales, tráfico de influencias y cohecho, de lo que acusó el empresario a Fabra en su primera querella. De hecho, la evasión fiscal, no sería más que la consecuencia de haber cobrado por lo que no debía. José Luis Vera, abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la Unión de Consumidores, aclara que el fraude archivado se derivaría precisamente – y presuntamente – de cobrar comisiones irregulares, “serían ingresos opacos y desconocidos que, sin hacer paralelismos, recuerda al acusado Roca en el caso Malaya cuando contestaba a un Tribunal; – ¿Cómo iba a declarar mis bienes a Hacienda si era dinero negro?”.
Fraude fiscal que, en el caso Fabra, nunca detectaron los inspectores de Hacienda de Castellón y si los peritos judiciales autores del informe clave sobre su patrimonio, ingresos y negocios. Entre las conclusiones, más de dos millones de euros en cinco premios de Lotería y un total ingresado por el matrimonio de ocho millones de euros en sus cuentas en efectivo, cheques o transferencias, 3,6 millones sin justificar.
Mientras los peritos hacían cuentas, los periodistas seguían investigando. Un responsable de uno de los medios nacionales que destapó más noticias del caso, preguntado por los capítulos más representativos de estos años, recuerda que se han encontrado de todo, “proyectos de aeropuerto que se cambia de ubicación para terminar en terrenos de socios de Carlos Fabra, comidas oficiales en el restaurante de su mujer, cuadros comprados por la Diputación de Castellón al pintor y escultor Juan Ripollés – considerado artista de cámara de la familia -, propiedades a nombre de la empresa Carmacás – empresa vinculada a Carlos Fabra -, incluido el chalet de Pozuelo en el que vivieron el consejero Güemes y su hija”. Y así un largo etcétera de posibles irregularidades que incluyen el acoso y las presiones que el propio José Luis Vera, abogado de la acusación, ha denunciado en varias ocasiones.
¿Debería preocuparse el PP? Si abandona definitivamente la lucha contra la corrupción no tiene por qué. En mayo de 2008, Carlos Fabra ya estaba imputado por los mismos delitos. El PP fue la única formación que mejoró los resultados respecto a 2004. Obtuvo un 3% más de sufragios. Y si el PP valenciano gana el próximo mes de mayo, sumará 23 años de victorias electorales municipales y autonómicas. Rita Barberá, alcaldesa desde 1991, está preparada para sustituir a Camps si se complica aún más su implicación en Gürtel. El desgaste que no tiene en su electorado, lo sufren otros. Como reflexiona el ex magistrado y abogado Vera, “el caso es un paradigma del disparate en la historia judicial. Sin perjuicio del por qué ha sucedido, deja en mal lugar a la Justicia española y genera una sensación de impunidad, de que algo pasa que no es posible resolver determinados tipos de temas en un tiempo prudencial. Habría que abordarlo seriamente porque ataca la mínima creencia de la gente en el sistema democrático”.
Sobre la inocencia de Fabra es preferible no mostrarse, de momento, ni tristes ni contentos. Porque esta historia, como muchas, bien podría acabar como empezó. En aquella conversación de 2003, en los veinte minutos de preguntas duras y respuestas incómodas, el periodista le pide una última aclaración: – Señor Fabra, ¿cobra por favores políticos? A lo que el presidente de Castellón responde, también a modo de pregunta, – Y usted, señor, ¿trabaja gratis?.
Pilar Velasco