El presidente no da puntada sin hilo y, probablemente, calculó bien todas las consecuencias de su cerrada defensa de Garzón en el acto político de Granada. Las que produjeron alivio y las que provocaron irritación, aunque tal vez no previó que horas después se difundieran unas declaraciones del ministro de Exteriores venezolano, Nicolás Maduro -grabadas al parecer antes del documento de paz entre Venezuela y España-, en las que el alto cargo del Gobierno de Chávez arremetía con insultos contra el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, firmante del auto en el que se denunció la posible colaboración y ayuda de funcionarios del régimen venezolano con miembros de ETA en los últimos años y, una vez más, contra el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. Maduro soltó que Velasco pertenece a «la mafia de Aznar, hijo directo de la dictadura franquista».
El Gobierno de Zapatero, por boca de Moratinos, se ha demorado veinticuatro horas en mostrar su apoyo al juez Velasco, después de que le fuera exigido por el PP tras el amparo y los elogios que el líder socialista brindara el domingo al juez Garzón, inmerso en tres querellas por las escuchas en el ‘caso Gürtel’, las conferencias en Nueva York con el patrocinio del Banco Santander y por abrir una causa penal contra el franquismo sin sentar en el banquillo a ningún acusado.
Los hechos se producen en medio de un griterío cruzado de defensa de la autonomía judicial. Lo hacen desde dentro, los propios jueces, y desde fuera, entre quienes no está claro si reclaman independencia judicial o asentimiento al poder político. Porque frente al legítimo derecho de los ciudadanos a criticar o bendecir las sentencias de los jueces, que en ningún caso pueden interpretarse como una presión contra la Justicia, no suena lo mismo cuando se hace desde el poder en las instituciones públicas. Salvo la asociación Jueces para la Democracia, de reconocida tendencia «progresista», las otras tres han cuestionado la incursión del presidente en el ‘caso Garzón’.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo organo de los jueces, cuyos miembros son elegidos por las asociaciones judiciales y sancionados por el Parlamento (los partidos), en virtud de las sucesivas reformas de los gobiernos del PP y del PSOE (Michavila y López Aguilar) también alza la voz para exigir que las valoraciones sobre la Justicia, «sobre todo cuando procedan de responsables políticos, se realicen desde las coordenadas de máximo respeto institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, sin tratar de influir en los procedimientos judiciales en curso». A su vez, el propio Consejo era el destinatario del «Manifiesto por la despolitizacion de la Justicia» firmado el pasado sábado en Madrid por 1.500 jueces (de las cuatro asociaciones y de los no asociados) en el que, entre otras cuestiones, se reclama la transparencia en los baremos de los puestos judiciales cuya adjudicacion creen viciada por los equilibrios políticos. Por si fuera poco, este mismo martes, el CGPJ deberá estudiar el escrito de Garzón instando la abstención de tres vocales por «enemistad política». Y también en estos días tendrá que tomar la patata caliente de la renovación del TSJPV, tras el desaire al actual presidente del máximo tribunal vasco, Ruiz Piñeiro.
En medio del marasmo, todos hablan. Lo hacen Zapatero, Caamaño, Blanco y Pajín a favor de Garzón; Rajoy reclama a Zapatero que defienda a Velasco tras sus palabras sobre Garzón, y Moratinos arropa, finalmente, al magistrado Velasco. Formalmente, todos reclaman independencia, pero nadie -ni siquiera los medios de comunicación- renuncia a la tentación de presionar, aunque sólo sea etiquetando abusivamente las diversas ideologías de los jueces asociados. En este clima, Garzón y Velasco se proponen, seguramente a pesar suyo, en los referentes de las trincheras políticas españolas, a izquierda y a derecha.
En el triste vodevil faltaba un fiscal jubilado, Carlos Jiménez Villarejo, que ha cursado un escrito a todas las asociaciones judiciales recabándoles la información pertinente sobre ayudas, financiación o patrocinios de entidades financieras para jornadas u otras actividades con la probable intencion de contrarrestar el caso de las ayudas del curso de Garzón en Nueva York. El escrito lo firma Jiménez Villarejo como «fiscal jubilado», y alguna asociación ya ha adelantado que sólo dará cuentas al Consejo, único organo competente para la supervisión. Éramos pocos y parió la abuela. Pobres jueces.
Chelo Aparicio