lunes, mayo 27, 2024
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Obama, el Tribunal Supremo y la financiación electoral

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Parece que últimamente el hombre más poderoso de la Tierra se ha planteado seriamente cómo hacer amigos. Pocos días después de decir a los bancos que «si quieren pelea, la tendrán», comentó que la reciente sentencia del Tribunal Supremo de EEUU relativa a la financiación de los partidos por parte de las corporaciones privadas y los sindicatos suponía un golpe a la democracia. (En concreto, la ley se refiere a la posibilidad que tienen los grupos privados de financiar mensajes favorables o contrarios a un determinado candidato a un puesto electivo federal.) Esta abrupta posición en el Despacho Oval tiene probablemente dos razones de ser: una puramente coyuntural y otra de más hondo calado.

La primera es bastante evidente. Barack Hussein Obama, como todo mandatario político que se precie en nuestros días, presta enorme atención a las encuestas sobre su grado de aceptación y popularidad, con vistas a la siguiente contienda electoral. En este sentido, la derrota histórica -en todos los sentidos- en la elección parcial de Massachussets es lo suficientemente elocuente para comprender que el comandante en jefe necesita de modo apremiante remarcar su perfil populista y recrear un falso combate contra las grandes corporaciones -que contribuyeron generosamente a su campaña-, en beneficio de la democracia popular. Pueril, pero probablemente efectivo.

La segunda es más importante, en cuanto supone un intento de modificar de forma sustantiva el sistema político de los Estados Unidos de América. En efecto, el razonamiento de Obama consiste en denunciar que el Tribunal Supremo, al anular la disposición legal que limita las aportaciones de las corporaciones privadas a las campañas, deja a los partidos políticos en manos de los grupos de interés privados, lo cual implica para el presidente un golpe a la democracia. Lo que el inquilino de la Casa Blanca no revela es que el sistema político norteamericano se basa precisamente en que los partidos no son sino máquinas electorales para la selección, promoción e impulso de candidatos, puesto que la representación de los intereses privados de los distintos grupos (empresas, sindicatos, asociaciones de derechos civiles…) se articula en ese país a través de loobbies o grupos de interés, exhaustivamente regulados y sometidos a niveles de transparencia bastante superiores a los de los partidos políticos en la Europa continental. Lo que el jefe del Gobierno norteamericano también oculta es que las ayudas a las que se refiere la ley no son a los partidos, sino a los candidatos, que por tanto serían menos dependientes de la dirección de los partidos. Lo que el presidente tampoco reconoce es que él mismo pretende, desde el mismo día de su inapelable y rotunda victoria electoral, transformar dicho sistema de partidos, a través de la creación de un auténtico aparato de poder en el seno del Partido Demócrata, tomando como base el más de un millón de voluntarios de su campaña, a los que se propone utilizar como fuerza de corps de su futura estructura de mando.

Pero no se puede obviar que la sentencia del Tribunal Supremo no es ningún capricho, sino un control de constitucionalidad de la citada disposición limitativa de aportaciones (por otro lado plenamente transparentes) y que el fundamento de dicha resolución no es otro que garantizar el derecho a la expresión y a la participación política consagrada en la primera enmienda de la Constitución americana. Este derecho es el que BHO estaría poniendo en cuestión cuando ataca el pronunciamiento del Alto Tribunal, para tratar de instaurar un sistema partitocrático como los que sufrimos en España, probablemente con igual o mayor grado de influencia de los grupos de interés, pero con mucha menor transparencia. Entonces ¿quién está asestando un golpe a la democracia?

Juan Carlos Olarra

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