La empresa Graña y Montero aportó US$ 200 000 a la campaña por la No revocatoria de la exacaldesa de Lima, Susana Villarán, de acuerdo al testimonio brindado por José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, al equipo Especial Lava Jato, informó el diario El Comercio.
Según el citado medio, el exfuncionario de confianza de Susana Villarán, investigado por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo en agravio del Estado, señaló que los ingresos para la campaña fueron aproximadamente de US$7,2 millones.
«De ellos, US$4 millones fueron aportados por OAS, US$3 millones por Odebrecht y US$200 mil por Graña y Montero», indicó en su declaración realizada entre el 15 y 22 de junio al fiscal Carlos Puma.
Los aspirantes a colaboración eficaz, Hernando y José Antonio Graña también confirmaron el aporte económico en el año 2013 ante el equipo especial Lava Jato antes que la constructora peruana se adjudicara el proyecto Vía Expresa Sur.
El primero señaló, según El Comercio, que en dos oportunidades José Miguel Castro le solicitó un «apoyo económico» para gastos de la campaña de la No revocatoria que se traduciría en US$ 200 000.
Mientras que José Antonio Graña reveló que convocó a la consultora Chirinos y Salinas Asociados (Chisac), y le canceló una factura por US$200 000 en el 2013 por un «compromiso asumido con la Municipalidad». Les explicó que esto debía materializarse a través pagos de publicidad vinculados al proyecto Vía Sur y un pago a la agencia Ogilvy, encargada de la campaña, a pedido de José Miguel Castro.
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