La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha entregado un escrito al Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, en el que piden no dar a los procuradores funciones de ejecución porque ellos han duplicado la tasa de resolución de asuntos desde que asumieron estas competencias en 2009.
El secretario general de la Administración de Justicia, Joaquin Silguero, ha mantenido este jueves una reunión con la UPSJ, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) y la Asociación Independiente de Secretarios Judiciales (AINSEJU).
El Ministerio de Justicia les ha trasladado que comenzará a elaborar el anteproyecto de Código Procesal Penal y las asociaciones han expuesto sus objeciones al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
Entre ellas, han considerado fuera de lugar la falta de decoro, han cuestionado el nombre de 'letrado de la Administración de Justicia' que se quiere dar a los fedatarios públicos y han criticado que la dirección técnica procesal se quiera subordinar a las directrices de los jueces.
Balance de la ejecución asumida por secretarios
Estas son algunas de las objeciones expuestas por el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Carlos Artal, que ha aprovechado para entregar el primer balance que ha tenido atribuir a este colectivo las funciones de ejecución de las resoluciones judiciales, desde que se lo encomendara la ley de implantación de la Oficina Judicial de 2009.
Entre sus conclusiones, revela que se ha producido desde entonces un «radical» e «incesante» incremento en la ratio de resolución de ejecuciones en los órdenes Civil, Contencioso y Social. Todo ello unido a que en estos años de crisis han aumentado el número de asuntos que han entrado en los juzgados y la cantidad de asuntos pendientes.
«Existen más de dos millones de ejecuciones pendientes de resolución», recoge el estudio, que advierte de que «la tasa de resolución ha experimentado un incremento en cinco años en más de un 33% y nunca ha bajado en el periodo de tiempo analizado de un 61%».
Este estudio ha sido presentado después de que un anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil planteara atribuir a los procuradores distintas funciones de ejecución y que el Primer Congreso de la Procura Catalana reclamara recientemente facultades en embargos, lanzamientos, depósito de bienes o requerimientos a terceros.
«La legítima reivindicación de un colectivo que trata de encontrar su sitio ante un futuro incierto no puede conseguirse a través del menoscabo y la apropiación de las competencias legales que ahora ejercen los secretarios judiciales», advierten, para mostrar su «radical y frontal» oposición a las propuestas de los procuradores catalanes.